La imposición de un programa de ordenamiento en el área metropolitana amenaza directamente el patrimonio de los habitantes del Valle de México mediante la actualización de valores catastrales a precio comercial, la subasta y venta forzosa de terrenos, y el sobrevuelo de drones para vigilar cada metro cuadrado construido en los hogares.
Mientras los vecinos exigen un alto a estas medidas recaudatorias, las autoridades intentan maquillar el descontento social prometiendo modificaciones a un proyecto diseñado para exprimir el bolsillo ciudadano.