La intención de establecer una revisión anual automática para el T-MEC ha encendido las alarmas en el sector económico de América del Norte. Esta medida, impulsada bajo la visión comercial de Donald Trump, introduce una enorme dosis de incertidumbre que frena los planes de negocio a largo plazo. Sin garantías claras, especialmente tras los recientes cambios en las reglas del sector energético y el poder judicial en México, los inversionistas extranjeros pierden los incentivos para apostar por el nearshoring. Analistas y empresarios coinciden en que aceptar este esquema de constante evaluación hacia el año 2036 terminaría por desgastar la capacidad exportadora del país.
Ante este panorama, la estrategia mexicana no depende únicamente de la negociación entre gobiernos. El verdadero contrapeso en Estados Unidos se encuentra en su Congreso y en sus cortes de justicia, capaces de frenar o modificar las decisiones del Poder Ejecutivo. Por ello, el cabildeo en Washington se ha vuelto una inversión indispensable para proteger el comercio bilateral.
El hilo invisible entre el campo estadounidense y el mercado mexicano
Para desactivar las posturas más radicales en Washington, el argumento central es demostrar el daño directo que sufrirían los distritos electorales estadounidenses. Un ejemplo claro ocurre en el estado de Iowa, que vende unas 65 mil toneladas de maíz a México cada año; sin el mercado mexicano, esos productores locales simplemente se quedarían sin su principal comprador.
El impacto económico de mantener un comercio fluido también involucra directamente a la comunidad hispana dentro de Estados Unidos:
Actualmente hay cerca de 75 mil granjeros y ganaderos latinos en territorio estadounidense, quienes operan más de 33 millones de acres. Las ventas de este sector alcanzan los 8 mil millones de dólares anuales. Juntos, los comerciantes y agricultores latinos aportan más de 4 mil millones de dólares al año a la economía de Estados Unidos.
Hacer que los legisladores del Comité de Finanzas y del Comité de Medios y Arbitrios —los órganos que supervisan el comercio exterior en el Congreso estadounidense— vean estas cifras es la clave para transformarlos en aliados de la estabilidad del tratado.
La estrategia mexicana para defender sus intereses en EU
El sector privado en México ha entendido que el cabildeo suave ya no es suficiente. Organismos cúpula como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que representa cerca del 80% del PIB nacional, y la Coparmex han contratado firmas especializadas en relaciones públicas directamente en Washington para concientizar a los políticos locales sobre la realidad de sus propios estados.
La realidad es que los 50 estados de la Unión Americana dependen por completo del flujo comercial con sus vecinos del norte y del sur: Canadá es el mercado principal para 36 estados, mientras que México lo es para seis, incluyendo gigantes de la frontera como Texas y California.
Estados como Michigan dependen en un 69% de las importaciones de ambos socios debido a la industria automotriz y de autopartes.
Al menos 16 entidades de Estados Unidos (como Illinois, Washington y Minnesota) necesitan del petróleo crudo y la energía transfronteriza para mantener sus industrias activas.
Presentar al país como un socio indispensable y cooperativo no solo protege el comercio, sino que evita que las tensiones en materia de seguridad, migración o narcotráfico terminen por descarrilar un acuerdo que sostiene millones de empleos en toda la región.
