Tras su extradición desde Argentina, el excontraalmirante Fernando Farías Laguna tocó suelo mexicano durante la madrugada de este viernes 21 de agosto para ser trasladado de inmediato al Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez.
Su equipo legal confirmó que ya entabló comunicación directa con el exmandó naval desde el momento de su aterrizaje y se encuentra a la espera de la notificación formal para la audiencia inicial. Sin embargo, el ambiente ya se calentó antes de entrar al juzgado: los abogados exigieron formalmente que la diligencia sea totalmente abierta a los medios y a la ciudadanía, encendiendo el debate sobre por qué las autoridades querrían llevar este controvertido proceso en el anonimato.
Protección a la cúpula: El encubrimiento de la FGR en la red de huachicol fiscal que salpica a Andy López Beltrán
¿Qué hay detrás de la exigencia? La "indirecta" a la FGR para evitar secrecía en el caso
La maniobra de la defensa tiene un mensaje directo contra la Fiscalía General de la República (FGR): si durante meses se encargaron de filtrar y hacer pública la información, la investigación y los traslados del exmando imputado por huachicol fiscal, resulta sospechoso que ahora pretendan llevar la comparecencia a puerta cerrada.
Bajo el principio constitucional de que "la publicidad es la regla y la puerta cerrada la excepción", los litigantes remarcan que si hubo apertura para acusar mediáticamente, debe existir la misma congruencia para que el público escuche la versión del señalado. Exigir una audiencia pública implica no solo transparentar las pruebas presentadas en los tribunales, sino evitar que el caso se resuelva bajo el hermetismo o presiones políticas a puerta cerrada.
Aunque su representación legal ha solicitado formalmente que la sesión sea pública, es muy probable que el acto judicial se lleve a cabo de manera privada y a puerta cerrada, lo que ha generado una fuerte expectativa mediática sobre los motivos de la autoridad para mantener el proceso bajo estricto hermetismo.