El gobierno estatal de Campeche, encabezado por Layda Sansores San Román, volvió a convertirse en blanco de severas críticas y burlas tras presentar la simple sustitución física de un buzón de quejas como un avance sustancial en materia de rendición de cuentas. A través de canales oficiales, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno de la entidad publicitó con bombos y platillos el reemplazo de una caja de acrílico en el Instituto de la Juventud local, enmarcando un mero ajuste de imagen institucional como si se tratara de una política pública de alto impacto contra la opacidad, lo que evidencia la superficialidad con la que la administración oficialista aborda el combate a la corrupción.
Cambio de imagen presentado como "transformación" institucional
En la publicación difundida en plataformas digitales, la dependencia detalló que personal de la Dirección de Contraloría Social acudió a las instalaciones juveniles para realizar la apertura, revisión y sustitución del contenedor de denuncias. Bajo el lema "¡Los buzones también se transforman!", las autoridades locales aseguraron que la renovación plástica del mobiliario fortalece los canales de participación ciudadana e impulsa la transparencia en la entidad. Sin embargo, la difusión de este acto burocrático provocó indignación entre los usuarios, quienes señalaron que la sustitución de mobiliario básico no resuelve la falta de investigaciones reales ni la impunidad que prevalece en la gestión estatal.
"Tremenda obra", "Pensé que era una página de memes", "de cuántos millones la inversión" y "'cuánto nos costó", fueron algunos de los comentarios que dejó la publicación en Facebook.
Propaganda política frente a la falta de resultados en rendición de cuentas
La promoción de este tipo de eventos evidencia la narrativa del gobierno federal y sus administraciones estatales, donde la propaganda y el cambio de logotipos sustituyen a las auditorías efectivas y a las sanciones contra funcionarios cuestionados. En lugar de presentar indicadores concretos sobre denuncias resueltas, castigo a la desviación de recursos o métricas de eficiencia gubernamental, la administración de Sansores opta por la simulación operativa, vendiendo trámites menores de mantenimiento como logros históricos de la administración pública.