El Palacio Nacional, en Puerto Príncipe, Haití, fue el escenario de un ataque armado por parte un grupo de bandas criminales liderados por Jimmy Cherizier, el ‘Barbacue'.
La acción perpetrada la tarde del lunes, fue controlada por la Policía Nacional de Haití. El saldo de este enfrentamiento dejó cinco policías heridos, uno de ellos se reporta como grave.
En trabajo en conjunto con la policía local, las unidades de seguridad encargadas del Palacio Nacional lograron repeler el ataque que dejó momentos de tensión en la principal plaza pública de Puerto Príncipe, ‘Champ de Mars', donde se encuentra ubicado este inmueble. Al tiempo, mientras se replegaba esta arremetida, los delincuentes incendiaron un vehículo blindado de la policía que estaba en los alrededores del edificio.
Tras esta agresión y ante la constante ola de violencia por parte de las bandas criminales, las autoridades extendieron un toque de queda en el Departamento del Oeste, zona que fue declarada estado de emergencia desde el pasado 6 de marzo.
El pasado 11 de marzo, Ariel Henry, presentó su dimisión como jefe gubernamental de la nación caribeña. El exprimer ministro de Haití, tomó el cargo después de que fuera asesinado el mandatario Jovenel Moïse en 2021. Durante su arribo, prometió renunciar en el momento que se formalice el Consejo Presidencial de Transición.
“Tomamos nota de la dimisión del primer ministro, Ariel Henry, la creación de un Consejo Presidencial de Transición y el nombramiento de un primer ministro interino. Agradecemos a Henry por su servicio a Haití, su servicio al pueblo haitiano y su compromiso personal en favor del desarrollo de Haití", detalló el ente gubernamental de haitiano.
Por tal motivo, posterior al intento de asalto del Palacio Nacional, el Consejo de Ministros aseguró en un comunicado que solicitará a La Comunidad del Caribe (Caricom) el envío del acuerdo de implantar la creación del ente de la transición.
¿Por qué Haití es un cataclismo?
En un informe emitido por la ONU a finales de marzo, se destaca que Haití vive un cataclismo donde la corrupción y la impunidad están erosionando el Estado de derecho, pues existe un aumento significativo de víctimas por la violencia de las bandas criminales.
“La corrupción generalizada y las disfunciones del sistema judicial contribuyen en gran medida a la impunidad generalizada de las violaciones graves de los derechos humanos”, señala el reporte.
