Un juez federal rechazó el que en octubre se negara conceder a la exfuncionaria federal, Rosario Robles la prisión domiciliaria y ordenó convocar a una nueva audiencia para que otra vez se defina si debe o no seguir su proceso fuera del penal de Santa Martha Acatitla.
De esta forma, según fuentes allegadas al caso, se deberá citar a audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur de la Ciudad de México el próximo 30 de diciembre a las 15:00 horas para que se resuelva la situación de prisión preventiva justificada a la que se encuentra sometida..
“Resulta válido concluir que la sentencia dictada en el presente juicio no se encuentra cumplida... Requiérase a la responsable para que en tres días acredite haber dado cumplimiento al fallo protector”, señala el acuerdo del juez Octavio Mejía firmado el 27 de diciembre.
De esta forma el juzgador de amparo indicó que se incumplió con la instrucción que se le dio al juez de control Ganther Villar de justificar el motivo por el que Robles debe permanecer en prisión, o en su caso cambiarle la medida cautelar por otra.
Si el juez no revisa el caso podría ser separado de su cargo
Mejía Ojeda determinó que el juez Villar Ceballos, no valoró correctamente la medida cautelar solicitada por Rosario Robles para poder continuar con su proceso en prisión domiciliaria y no en la cárcel.
En agosto pasado el juzgador ordenó a Villar Ceballos dejar sin efecto la audiencia de 30 de abril de 2020, que forma parte de la causa penal 314/2019, a partir del momento en que resolvió respecto de la revisión de la medida cautelar solicitada por la defensa.
Rosario Robles permanece presa desde hace un año con ocho meses en el penal femenil de Santa Martha Acatitla por su supuesta responsabilidad en el delito de uso indebido del servicio público ante presuntas omisiones un desvío de más de 5 mil millones de pesos en el caso de la Estafa Maestra.
El juez Octavio Mejía advirtió que si la sentencia de amparo no es cumplida por Ganther Villar en el plazo fijado, llegado el caso, se informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con proyecto de separación del cargo además de que se incurriría en sanciones administrativas y/o económica.
