Ciudad de México. A pesar de que el juicio de desafuero que se le sigue en la Cámara de Diputados al gobernador de Tamaulipas, es por defraudación equiparada, la Fiscalía General de la República (FGR) sostiene la acusación por presuntos delitos de delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita.
Ante la Cámara de Diputados convertida en Jurado de Procedencia, la Fiscalía General de la República, a través de Elizabeth Alcantar, fiscal en jefe, señaló a García Cabeza de Vaca de haber hecho en solo 4 años hizo una fortuna de más de 951 millones de pesos en bienes y cuentas bancarias, por lo que pidió a la cámara de diputados quitarle el fuero al gobernador de Tamaulipas para que responda ante la justicia por delitos federales.
“Francisco Javier García Cabeza de Vaca valiéndose de los cargos públicos que ha ostentado, ha acumulado una fortuna millonaria con una treintena de bienes propiedades ocultas en Texas Estados Unidos y en Tamaulipas, adquiridos principalmente entre los años 2005 y 2019 , tratándose esto de empresas, restaurantes galerías de arte, residencias, ranchos y cuentas bancarias, es decir, un caudal de bienes ocultos a través de prestanombres, principalmente, de su círculo familiar cuyo valor asciende a más de 951 millones de pesos muy por encima de los 50 millones de pesos que declaró poseer al arranque de su campaña como gobernador de Tamaulipas”, acusó la representante de la FGR desde la tribuna.
Defensa argumenta que no hay pruebas para inculpar a Cabeza de Vaca
En tanto, la defensa del gobernador de Tamaulipas, Alonso Aguilar Zinser, señaló que la Fiscalía pretende incluir delitos que no son motivo del juicio de desafuero y rechazó que existan pruebas que el gobernador de Tamaulipas sea propietario de millones y una treintena de bienes, por lo que reto a la Fiscalía a probar sus dichos.
“Nuestro cliente no ha cometido delito alguno de acuerdo a las constancias que obran en los expedientes, que no tiene las casas, departamentos y bienes y cientos de millones de pesos que se refiere en todas las manifestaciones que se han hecho, lo que tiene el gobernador de su propiedad es lo que está en sus declaraciones patrimoniales. Si se dice que fuese tales o cuales bienes, propiedad de terceros y que son de él pues que se acredite, esa es la obligación de la autoridad”, emplazó la defensa del gobernador”.
