Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dijo que en el gobierno federal hay un cambio claro en la estrategia en el combate a la delincuencia organizada, que está centrado en la perspectiva financiera.
En entrevista con Lucy Bravo y Roberto Ruiz en HECHOS AM, el funcionario de la Secetaría de Hacienda y Crédito Público dijo:
Al final del día, la mayoría de los delitos tienen un componente financiero, se delinque para poder obtener recursos y esos recursos finalmente son introducidos al sistema financiero por diversas vías
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El titular de la UIF dijo que pese a que el gobierno anterior abatió o detuvo a 116 de 122 objetivos, no significó una disminución operativa de los cárteles, ni en la violencia por lo que se tiene que hacer un enfoque desde la perspectiva financiera.
Por ello, abundo, la parte fundamental de la estrategia del gobierno de México tiene que ver con el combate a la corrupción política, judicial, policial, ministerial pero también a la estructura financiera de los grupos delictivos.
Sobre qué tan efectiva es la estrategia ante la tramitación de amparos o recursos legales para lograr el descogelamiento de los activos, Nieto Castillo explicó que la UIF cuenta con dos vías; la presentación de las denuncias ante las instancias correspondientes para reducir la capacidad opereativa de esos grupos.
Y por otro lado, atender los temas de corrupción política de robo de hidrocarburos, empresas factureras o fachada, además del congelamiento de cuentas.
“Tenemos una jurisprudencia que juega en nuestra contra, que fue impulsada en su momento por el entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Eduardo Medina Mora y que cambió sorpresivamente su criterio de 2016 a 2018 en este tema.
Ante ello, la UIF ha planteado ante los Tribunales Colegiados de Circuito el recurso de revisión en materia de amparo para que la Corte pueda conocer vía solicitud de facultad de reacción, estos casos y se pueda revertir el criterio que está generando un daño a la estrategia mexicana de combate a los grupos delictivos.
En ese sentido se refirió al caso de Kamel Nacif, que es un caso paradigmático:
Teníamos 800 millones de pesos congelados y hubo un jucio de amparo en donde se otorgó una suspensión bajo un argumento ridículo en donde nos dijeron que porque la solicitud internaciona no decía textualmente que se congelaran las cuentas entonces no debía proceder el bloqueo y ordenaron la liberación
Confió en que esto pueda ser revisado por la Corte porque actualmente México está incumpliendo dos de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y eso irá en perjuicio del Estado mexicano cuando venga la recalificación de la firma.
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