Ante la llegada de la pandemia a México, varias medidas se han tenido que tomar para evitar la rápida propagación del virus. Entre esas ha destacado el uso de cubrebocas, caretas, gel antibacterial y hasta tapetes desinfectantes. Sin embargo, ahora todo indica que aquellas personas que escupan serán sancionadas con una “infracción contra el entorno urbano”.
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Muchas personas han resultado contagiadas de Covid-19, algunas de ellas habían permanecido en cuarentena estricta y aún así dieron positivo; esto demuestra el gran porcentaje de contagio que hay de este nuevo coronavirus. Por esta razón, seguir teniendo el hábito de lanzar escupitajos callejeros ya es considerado peligroso.
En un principio se llegó a creer que con el uso del tapabocas y la distancia social sería suficiente para que la enfermedad ya no pasara de una persona a otra y, con ésto, varias prácticas antihigiénicas se quedaran en el pasado.
Por esta razón, lejos de considerar el escupir en las calles como algo asqueroso, principalmente es una bomba de virus y más por la situación que estamos pasando actualmente.
Los legisladores del PRI reabrieron el debate y propusieron a la Comisión Permanente una iniciativa para combatir el esputo callejero, para evitar la propagación de Covid-19 por medio de las partículas de saliva.
A través de ésto, quieren erradicar por completo y evitar a toda costa seguir haciendo este tipo de actos en lugares públicos, donde podemos poner la vida de alguien más en riesgo.
Los expertos señalaron que no hay una razón física o corporal que les exija a las personas a escupir, sino más bien se trata de un tema de educación. Por lo tanto, advirtieron que es necesario tomar medidas para sancionar a quienes ponen en peligro la salud y la vida de todas las personas.
La propuesta planea enmendar el Artículo 29 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México para mostrar que existe una violación del entorno urbano de la ciudad: escupir, orinar o defecar en los lugares mencionados en el Artículo 5 de la ley de la CDMX.
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Las sanciones pueden variar desde los 955 pesos hasta los 3,475 pesos, e incluso pueden significar de 6 a 12 de arresto y de 3 a 6 horas de trabajo comunitario.
