Un frente integrado por comunicadores, periodistas de investigación y organizaciones civiles como Artículo 19 encendió las alarmas ante el inminente cierre de la consulta pública del proyecto de lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias. Los integrantes del gremio advirtieron que la iniciativa impulsada por el oficialismo representa una censura disfrazada de regulación, otorgando facultades desmedidas a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para intervenir directamente en los contenidos editoriales. Bajo el pretexto de tutelar la información, la propuesta permitiría que el Estado determine qué noticias son legítimas y sancione a los medios críticos, vulnerando el derecho ciudadano a estar informado y abriendo la puerta a un control autoritario de la conversación pública.
Representantes del sector periodístico señalaron que el mecanismo genera un clima de presión que derivará inevitablemente en la autocensura de reporteros y concesionarios para evitar represalias o procedimientos administrativos. Destacaron la contradicción de que una administración caracterizada por desmantelar los organismos de transparencia intente erigirse ahora como “protectora” de las audiencias, especialmente tras episodios donde dependencias oficiales han exhibido a medios e investigadoras por cuestionar la gestión pública.
Con más de seis mil comentarios acumulados antes de que venza el plazo de consulta este viernes 21 de agosto, diversos sectores coinciden en que la imposición de estos criterios no solo sofoca la labor informativa, sino que priva a la sociedad de su derecho constitucional a una prensa libre y plural.