Ciudad de México. La mayoría de Morena, PT, Encuentro Social y Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México aprobaron reformas a la Constitución capitalina, para cambiar los requisitos que deberá cumplir el próximo Fiscal General de la Ciudad de México; con ello, se abre la puerta para que la actual Procuradora General de Justicia, Ernestina Godoy, pueda aspirar al cargo de Fiscal General de la Ciudad.
Con 44 votos a favor, 8 votos en contra y 4 abstenciones, apenas se alcanzó el voto mínimo de las dos terceras partes del pleno de 66 diputados, requerido para aprobar modificaciones a la Constitución. En este caso al artículo 44 de la Carta Magna de la Ciudad de México, que en su apartado A, numeral 5, establece los requisitos para ser nombrado Fiscal, y antes de esta reforma, dictaba que no podrían aspirar al cargo quienes hubieran ejercido una diputación en el Congreso -que es el caso de Ernestina Godoy-, una magistratura, el cargo de juez ni ser integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial o algún Secretario o equivalente.
Con los cambios aprobados, cualquier ex diputado local, ex magistrado, ex juez, o ex secretario, podría aspirar a ocupar el cargo de Fiscal General. Un hecho que a decir del PAN, PRI y PRD pone en riesgo la autonomía del poder judicial de la Capital del país al “contaminarlo políticamente” ; y cae en la tentación de algunos gobiernos por nombrar “Fiscal Carnal”.
Desde la Tribuna legislativa diputados como Jorge Triana del PAN, Jorge Gaviño del PRD y Guillermo Lerdo de Tejada del PRI encendieron el debate por más de dos horas.
Jorge Triana, del PAN solicitó una moción suspensiva que fue desechada por Morena y sus aliados. Argumentó que se violó el proceso legislativo al aprobar el dictamen en Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Puntos Constitucionales.
Además, con fotografías en mano, le pidió a Morena que no aprobara lo que antes odiaba; y les recordó que hace año y medio Morena, PAN y PRD juntos tomaron la Tribuna en la Cámara de Diputados juntos, para protestar por los intentos del pasado gobierno federal de nombrar a un “Fiscal carnal”:
“Entre esas personas que tomamos la tribuna, están Carlos Hernández Mirón aquí presente; está el diputado Urincho, aquí presente; y quién creen que estaba también presente tomando la tribuna en contra del Fiscal Carnal? La entonces diputada federal Ernestina Godoy (...) Morena se oponía al Fiscal Carnal, aquí está la prueba; en qué momento nos perdimos, compañeras y compañeros? (...)Solamente quiero Fiscal Carnal si es de mi partido, y si es mi cuate? “
En su momento, el diputado Guillermo Lerdo de Tejada del PRI señaló que “ganó la prisa” pues se procesó esta reforma Constitucional en menos de una semana, sin convocar a la reflexión en un proceso de Parlamento Abierto. También reprochó que estas modificaciones a la Carta Magna de la Ciudad se realicen pensando en personas y coyunturas:
“Hoy estamos quitando candados que ponen en riesgo la independencia de la Fiscalía (...) sin una Fiscalía autónoma e independiente cualquier esfuerzo de darle la vuelta a la Procuración de Justicia en la Ciudad, va a fracasar”.
En respuesta, el diputado de Morena Eduardo Santillán, aseguró que el proceso de nombramiento del Fiscal General de la Ciudad de México es el más riguroso de todo el país, y que además tendrá la obligación de rendir declaración 3 de 3, y cumplir exámenes de control de confianza. Finalmente, descartó que esta modificación comprometa la autonomía de la futura Fiscalía.
“En la Ciudad de México no va a haber bajo ninguna circunstancia un fiscal carnal, que eso les quede claro (...) la autonomía y la independencia que debe de tener la Fiscalía y eso corresponderá en buena medida al diseño institucional que este Congreso dé en la próxima Ley Orgánica de la Fiscalía “.
Esta reforma a la Constitución entrará en vigor un día después de ser promulgada por la Jefa de Gobierno. La persona titular de la Fiscalía será electa por mayoría calificada del Congreso a propuesta del Consejo Judicial Ciudadano, mediante un proceso de examinación público y abierto y durará en el cargo un periodo de cuatro años y podría ser ratificado por un periodo más a propuesta de este Consejo.
