Cd. de México.- El asesinato de Abril Pérez causo indignación en la Cámara de Diputados.
Y hoy legisladoras exigen al Consejo de la Judicatura que el juez de Control de la Ciudad de México, Federico Mosco González, sea destituido, inhabilitado para ocupar cargos y que vaya a cárcel como corresponsable del crimen.
En conferencia de prensa, diputadas de Morena alzaron la voz para demandar que se proceda en contra del juez por haber reclasificado el delito de tentativa de feminicidio por el de violencia familiar para dejar en libertad a Juan Carlos García, ex esposo de Abril Pérez Sagaón.
“Decir categóricamente que quien mató a Abril Pérez no sólo fue su marido, sino el juez del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Es corresponsable de este feminicidio artero, porque reclasificó el delito. Esto evidentemente no sólo implica la inhabilitación del juez, implica la responsabilidad penal contra el juez”, Así lo señaló la diputada de Morena Lorena Villavicencio, presidenta de la Subcomisión de Violencia de Género y Feminicidio de la Cámara de Diputados.
Las legisladoras acusaron que con esa forma de impartir justicia el juez Federico Mosco no puede seguir en el cargo.
“Irresponsablemente vulneró todas las premisas fundamentales apegadas a derecho, que violentó todos los tratados internacionales y los protocolos internacionales para proteger a las mujeres y eliminar todas las formas de violencia, separándose así, por mucho, de su facultad de interpretación que la Constitución le confiere, transgrediéndola de una forma dolosa”, dijo la diputada Sandra Paola González, también de Morena.
En el PAN, también reaccionaron con indignación. Calificaron como una vergüenza que el juez haya reclasificado el delito y que termino con la vida a Abril.
De ahí que pidieron a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados desempolvar la propuesta de reforma al artículo 73 de la Constitución para que el Congreso legisle sobre la Ley General en materia de Feminicidios para castigar a los jueces que se aparten de la ley.
“Dentro de la propuesta que proponemos esta la responsabilidad que se le debe fincara los servidores públicos que no están haciendo correctamente su trabajo, empezando desde la atención de estos casos. Una ley general nos permitiría tener elementos mucho más claros en todo el país de poder clasificar con toda certeza el delito de feminicidio y obviamente toda esta violencia que venimos sufriendo las mujeres”, explico la diputada panista Adriana Dávila.
