Cd. de México.- En el PAN buscan incrementar las sanciones a quien se oponga a que elementos del Ejército y la Armada de México ejerzan alguna de sus funciones, o se resista al cumplimiento de un mandato legítimo ejecutado en forma legal.
El coordinador de la bancada blanquiazul, Mauricio Kuri, propuso reformar los artículos 180 y 189 del Código Penal Federal para que se castigue a quien cometa un delito en contra de un elemento del Ejército o Armada, en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas.
Así, se aplicarán de uno a dos años de prisión y multa de 10 a mil pesos al que, empleando la fuerza, el amago o la amenaza, se oponga a que la autoridad pública o sus agentes ejerzan alguna de sus funciones o resista al cumplimiento de un mandato legítimo ejecutado en forma legal. La pena y la multa se duplicarán cuando se trate de elementos del Ejército y la Armada de México.
Se puntualizó, además, que estos delitos se perseguirán de oficio.
El senador Kuri González destacó que en los primeros cinco meses del año se han perpetrado 17 trasgresiones en diversos estados, lo cual, dijo, es grave y lamentable.
“El vocero de la Presidencia afirmó que por disposición política y por convicción el gobierno no usaría las Fuerzas Armadas para reprimir ningún movimiento social y añadió que el respeto a la libre manifestación está garantizado. Sin embargo, este contexto ha agravado el escenario para los elementos del Ejército y la Armada de México, ya que se han perpetrado distintas agresiones contra nuestras Fuerzas Armadas, dejándolos en las condiciones actuales prácticamente en estado de indefensión. Los principales motivos por los que la gente agrede las fuerzas federales son para evitar la detención de presuntos delincuentes, protestar por desapariciones, uso excesivo de la fuerza, para interrumpir operativos. Esa es la realidad que no quiere aceptar Morena”, recriminó el senador.
El panista aclaró que si bien a los elementos de la Marina y del Ejército Mexicano no les hace falta valor, ni capacidad para repeler ese tipo de agresiones; la iniciativa tampoco pretende que se dañe la población civil ni que se use la fuerza de manera excesiva, sino que “simplemente pretendemos que se aplique la ley que ya existe”.
La iniciativa también plantea que “al que cometa un delito en contra de un servidor público, agente de la autoridad o un elemento del Ejército o Armada, en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas, se le aplicarán de 2 a 12 años de prisión, además de la que le corresponda por el delito cometido, y este delito se perseguirá de oficio”.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, para su mayor análisis y dictaminación.
