A diferencia de gobiernos anteriores que fueron incapaces de contener al crimen organizado, la administración morenista —desde López Obrador— habría construido una alianza política deliberada con el narco, con fines electorales y de reparto de poder, fenómeno que el autor denomina “narcopolítica”. Bajo esta lectura, la acusación contra Rocha Moya no sería la de un simple político corrupto, sino la de un gobernador que llegó y gobernó Sinaloa como socio directo del narcotráfico.
Desde Palacio Nacional se reconoció, sin advertirlo, esta dinámica al comentar que antes del conflicto interno en Sinaloa “las cosas estaban muy bien”, lo que revelaría conformidad con una “paz narca” sostenida por el pacto entre cárteles.
La violencia estalla cuando ese pacto se rompe: el gobernador habría tendido la trampa que permitió la captura del “Mayo” por parte de “los Chapitos”, traicionando a su propio socio.
La confianza con la que “el Mayo” y su acompañante asistieron a la reunión se explicaría precisamente por la sociedad política previa con el gobernador. La conclusión es contundente: la violencia en Sinaloa es resultado directo de la ruptura de ese pacto narcopolítico, no de su ausencia.