Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Registro de Personas Agresoras Sexuales de la Ciudad de México no debe ser público y solamente podrá ser consultado por las autoridades que deberán inscribir a los sentenciados por este ilícito.
Durante la sesión de este jueves, un bloque mayoritario de ministros señaló que, si dicho sistema está a la mano de cualquier persona, se estaría violentando la presunción de inocencia. El lunes se revisará la votación final sobre el tema.
“Dejar dentro del dominio de las autoridades públicas el acceso al registro sigue permitiendo los fines para los que fue diseñado, en tanto que será factible que su información sirva a dichas autoridades para realizar las acciones preventivas y de protección necesarias para combatir la violencia sexual y en particular, respecto de grupos en situación de vulnerabilidad”, explicó la ministra presidenta, Norma Piña.
Ministros concluyeron que el registro de agresores sexuales violenta la reinserción social
También el máximo tribunal del país concluyó que es inconstitucional la inscripción en el Registro, que hasta hoy es consultable vía internet, como una sanción penal adicional a la prisión dictada por un juez.
“Es violatoria de la reinserción social, es violatoria del derecho penal del acto y, analizando su esencia y sus consecuencias, me parece que trasciende en mucho a una medida de seguridad y se convierte en una sanción penal independiente y adicional para quienes incurren en este tipo de conductas”, expuso el ministro Jorge Pardo.
Incluso, los ministros criticaron que la ley ordena mantener a las personas en el registro público no solo mientras cumplen su condena, sino también durante un plazo adicional de diez a 30 años, contados a partir de que obtengan su libertad.
Sólo dos ministros votaron por mantener el registro tal y como se encuentra actualmente
Sin embargo, la mayoría calificada que se requería para eliminar el Registro de Agresores Sexuales sólo alcanzó para eliminar el carácter público del sistema y expulsarlo del Código Penal, que establece que los jueces deben ordenar la inscripción de sentenciados por diversos delitos sexuales, como una medida de seguridad.
Solo la ministra Yasmín Esquivel, ponente del proyecto que fue discutido durante dos días por la SCJN y el ministro Arturo Zaldívar votaron por mantener el registro tal y como se encuentra actualmente.
Hasta este jueves, el registro permite consultar los nombres de 417 sentenciados en la capital del país por delitos como abuso sexual, violación y corrupción de menores, sin aclarar la situación de las penas que se les impusieron.
Puede todavía consultarse en https://registroagresores.cdmx.gob.mx, y se trata de un sistema de información de carácter público que contiene los registros de personas sentenciadas con ejecutoria por un juez penal en virtud de la comisión de un ilícito de naturaleza sexual.
