El decreto por el que se dará seguridad con escoltas por seis años al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, una vez que termine su mandato, así como la posibilidad de mantenerlos por más tiempo será revisado por la Suprema Corte de Justicia (SCJN).
La ministra Yasmín Esquivel aceptó analizar las demandas del Ejecutivo Federal y el Congreso tamaulipeco contra la ley que también permitirá dar protección por el mismo tiempo a funcionarios que se dedicaron a la seguridad y procuración de justicia en el país.
“Se tienen por presentados a los promoventes con la personalidad que ostentan, y se admiten a trámite las acciones de inconstitucionalidad que hacen valer, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que se puedan advertir de manera fehaciente al momento de dictar sentencia”, señala el acuerdo de Esquivel Mossa.
No existe ningúna base en la Constitución para brindar este tipo de servicio
Tanto la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República como los legisladores de Tamaulipas argumentan que no existe ningúna base en la Constitución para brindar este tipo de servicio de seguridad a los exmandatarios locales.
A través de dos acciones de inconstitucionalidad buscan que la SCJN anule el decreto mediante el cual se reformó el artículo 19 Bis de la Constitución tamaulipeca, que ordena brindar protección y seguridad a quienes se hayan desempeñado como gobernadores, secretario de gobierno o de seguridad pública en esa entidad.
