La difusión de fotografías sensibles que forman parte de la carpeta de investigación del presunto feminicidio de Ingrid Escamilla, generó no solo la indignación colectiva sino también la reacción jurídica de la Fiscalía General de la Ciudad de México.
La titular, Ernestina Godoy, acudió a la Asamblea Legislativa a presentar una iniciativa de ley que propone modificaciones al Código Penal de la capital del país para castigar la filtración de imágenes o información sensible de las indagatorias.
“…En uso de las facultades que las leyes me confieren como Fiscal General de la Ciudad de Méxlico para presentar una iniciativa que da respuesta a un reclamo de la sociedad a raíz de la filtración de material fotográfico sensible de la muerte de Ingrid Escamilla, el pasado fin de semana a manos de su pareja…”, dijo.
Es una adición al artículo 293 que contempla los delitos relacionados con la procuración de justicia; y se pretende añadir tres agravantes para quienes incurran primero, en la difusión de imágenes de cadáveres o lesiones graves: la exhibición de contenido de niñas, niños, adolescentes y mujeres; además de la difusión de material gráfico de integrantes de la policía.
“El feminicidio de Ingrid, nos conmociona, nos indigna, fue un crimen atroz que nos llena de tristeza y de luto, la publicación de imágenes de Ingrid ha sido un acto de gran irresponsabilidad que ha causado gran dolor a familiares y amigos y a la sociedad entera. Es inadmisible y no podemos permitir su repetición…”, detalló la Fiscal.
La iniciativa tiene como finalidad regular la actuación de agentes ministeriales y cuerpos policiacos que intervienen en la integración de carpetas de investigación; y aun cuando no invade la esfera de competencia de los medios de comunicación, la fiscal les hizo un llamado para autorregularse.
Explico que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental, esencial para la democracia; y dijo que se necesitan medios libres porque son esenciales para garantizar el derecho a la información, sin embargo estos tienen una gran responsabilidad legal y ética con los derechos de las víctimas que deben de asumir y respetar.
“…Exhibir a las víctimas sin reparar en sus derechos y en el dolor que provoca es un acto de profunda irresponsabilidad; a esta autoridad no nos corresponde ni regular ni censurar a los medios pero sin menoscabo de su libertad de expresión les formulamos un atento llamado para que se abstengan de publicar imágenes o información confidencial de las víctimas que violentan sus derechos y el de sus seres queridos; no hagamos negocio con el dolor de las víctimas…”, concluyó.
