Ciudad de México.- Un acuerdo judicial abrió la puerta para que la PGR pueda solicitar en breve una orden de aprehensión contra el empresario Manuel Barreiro Castañeda, principal implicado en la creación de la presunta red de empresas fachada que lavó los 54 millones de pesos que recibió en pago de una nave industrial en Querétaro, el candidato presidencial de la Coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya.
El Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México negó una suspensión provisional al empresario contra la judicialización del caso, lo cual se traduce en que el ministerio público puede consignar la carpeta de investigación en cualquier momento; y en consecuencia solicitar su captura.
En el mismo sentido el juzgado se pronunció para los casos de la esposa de Barreiro, Ana Paula Ugalde y su colaborador, Juan Pablo Olea Villanueva, quienes estaban incluido en la demanda de garantías 121/2018.
De acuerdo con los argumentos del juzgado, implicaría trastocar el orden público y el interés social. Se afirma lo anterior, dado que, de otorgar la medida cautelar para que la responsable no determine la carpeta de investigación.
“Implicaría paralizar el procedimiento penal, particularmente la etapa de investigación (primera etapa del procedimiento penal), pues el efecto de la suspensión sería que no se ejerza la acción penal, es decir, que no se solicite a la autoridad judicial que se le cite a la audiencia inicial y con ello, el Ministerio Público quedaría imposibilitado para formular imputación”, señaló el acuerdo judicial.
