En Sinaloa, al parecer, la crisis ya terminó; al menos en el discurso político, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró que con la designación de Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina se superó la crisis que durante meses ha golpeado al estado.
La declaración resulta, cuando menos, llamativa.
Porque una cosa es resolver una crisis política en los escritorios y otra muy distinta es resolver la violencia, recuperar la tranquilidad y conseguir justicia para quienes han sido víctimas de ella. Y en Sinaloa, precisamente ahí está el problema: cambiar el nombre de quien ocupa el despacho principal no borra lo ocurrido afuera.
La salida de Rubén Rocha Moya y la llegada de Domínguez Nava pueden representar un movimiento político, pero difícilmente pueden venderse por sí mismas como la solución de una crisis de seguridad que ha dejado una estela de violencia y preocupación entre la población.
De “no estás solo” a “ahora sí ya se resolvió”; así cambiaron las cosas en un día
Monreal reconoció, además, la cercanía política entre Rocha Moya y Graciela Domínguez, la ahora gobernadora interina fue integrante del gabinete de Rocha y, antes, desde la Cámara de Diputados, participó en aquel episodio de octubre de 2024 en el que legisladores corearon el famoso “¡No estás solo!” en respaldo al entonces gobernador.
El contraste con el presente es evidente.
Ahora Monreal admite que Morena dejó solo a Rocha, aunque atribuyó esa situación a la ambición del propio mandatario. Es decir, el respaldo político tuvo fecha de caducidad y, cuando el escenario cambió, también cambió el discurso.
Pero hay una pregunta que permanece: ¿qué pasa con las víctimas? Porque la crisis de Sinaloa no se acaba porque un gobernador pida licencia, porque el Congreso nombre a una interina o porque desde la Ciudad de México se declare oficialmente que el problema ya quedó atrás.
Monreal también se topa con otra cifra incómoda
El coordinador morenista habló también de los nuevos lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias y reconoció que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones debe tomar en cuenta las opiniones expresadas durante la consulta pública.
Esto después de que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad señalara que 82 por ciento de los más de ocho mil participantes se manifestó en contra de la propuesta.
Monreal dijo estar desconcertado porque esa cifra contrasta con una encuesta presentada previamente en Palacio Nacional, donde el gobierno afirmó que más de 80 por ciento estaba a favor.
Dos cifras, dos resultados y una pregunta bastante sencilla: ¿cómo puede ocurrir semejante diferencia?
Quizá ahí esté una de las lecciones del momento político: los números pueden ser muy cómodos cuando aparecen en una presentación, pero bastante menos cómodos cuando se les compara con la realidad.