El gobierno del presidente Donald Trump propuso una regulación que busca solicitar una tarifa de 103,265 dólares a todos los aplicantes de las visa H-1B dirigidas a profesionales extranjeros calificados. La medida se plantea meses después de que la justicia federal anulara un intento previo de la administración para cobrar una cuota de 100,000 dólares por solicitud.
De acuerdo con el documento publicado por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), los recursos recaudados se destinarán a financiar la operación del sistema de inmigración legal y a desincentivar que las empresas contraten personal extranjero en lugar de mano de obra estadounidense. La propuesta estará abierta a un periodo de comentarios públicos durante 30 días antes de definirse si avanzará.
¿Protección a trabajadores locales?
El visado H-1B es un esquema temporal que permite a las empresas radicadas en Estados Unidos contratar profesionales en áreas especializadas como tecnología, ingeniería, investigación y medicina. El marco legal vigente establece un tope anual de 65,000 visados generales, además de una cuota adicional de 20,000 lugares reservados para graduados de maestría o doctorado en instituciones de educación superior dentro de territorio estadounidense.
La administración sostiene que el programa ha sido utilizado para abaratar los costos salariales afectando a los trabajadores locales. Al respecto, el vicepresidente JD Vance defendió la propuesta señalando que las corporaciones estadounidenses deben dar prioridad a la contratación y capacitación de ciudadanos dentro del país.
US proposes upping H-1B visa fee to more than $100,000 https://t.co/A1txYtxvrM https://t.co/A1txYtxvrM
— Reuters (@Reuters) August 24, 2026
Ya le habían bloqueado esta medida antes
El antecedente de esta regulación fue en septiembre de 2025, cuando el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para establecer una cuota de 100,000 dólares a las nuevas peticiones de visados H-1B, reemplazando el costo ordinario que oscilaba entre 2,000 y 5,000 dólares.
Sin embargo, en junio pasado, el juez federal de distrito Leo Sorokin, con sede en Boston, Massachusetts, anuló la disposición al determinar que el Poder Ejecutivo carecía de facultades para fijar un cobro de esa naturaleza, concluyendo que dicha atribución corresponde exclusivamente al Congreso de los Estados Unidos. El nuevo proyecto reglamentario busca dar sustento legal al cobro mediante el proceso administrativo formal de elaboración de normas.