Un movimiento de resistencia comenzó a tomar fuerza en municipios de Oaxaca, donde ciudadanos acusan imposiciones políticas, desvío de recursos y presuntos actos de corrupción vinculados al gobierno estatal encabezado por Salomón Jara Cruz.
Las protestas se concentran en Santiago Xanica, en la Sierra Sur, donde pobladores denuncian que la presidenta municipal por Morena, Miriam Sulamita Díaz, fue reelegida sin respetar la voluntad popular.
Denuncian imposición y falta de consulta en Oaxaca
De acuerdo con testimonios de habitantes zapotecos, la continuidad de la alcaldesa habría sido impulsada desde el gobierno estatal.
“Sabemos que detrás de todo eso está el Secretario de Gobierno y está el mismo Gobierno del Estado, el gobernador Salomón Jara”, afirmó Mario López, integrante de la comunidad indígena.
Los inconformes sostienen que no se permitió un proceso de elección libre conforme a los usos y costumbres del municipio, por lo que decidieron tomar la presidencia municipal hasta que se les garantice el derecho a elegir a sus representantes.
Acusaciones de desvío y fraude en Oaxaca
Además de señalar una presunta imposición política, los pobladores acusan irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Según denunciaron, al municipio habrían ingresado más de 60 millones de pesos en participaciones, además de 50 millones de pesos provenientes de apoyos federales tras el paso del huracán Agatha; recursos que, aseguran, no se reflejaron en obras o proyectos concluidos.
Habitantes también denunciaron un presunto fraude relacionado con un programa de vivienda, donde se solicitó una aportación de 3 mil pesos por persona. De acuerdo con los testimonios, la recaudación superó el millón de pesos y no se entregaron los apoyos prometidos.
Retención extrajudicial y tensión social
En medio del conflicto, uno de los mensajeros de la alcaldesa fue retenido por habitantes durante aproximadamente 90 días como medida de presión para exigir la devolución del dinero.
El hombre, identificado como Gonzalo Suárez, aseguró que existieron amenazas y que incluso se solicitó la intervención de la fiscalía. Finalmente fue liberado, pero el malestar social persiste.
Los inconformes aseguran que no se trata de un caso aislado. Afirman que en al menos 15 municipios de Oaxaca existirían situaciones similares, donde presuntamente se han utilizado actas o documentos irregulares para favorecer intereses políticos.
La crisis ha generado desconfianza hacia instituciones estatales y órganos encargados de velar por los derechos de los pueblos indígenas.
Hasta el momento, el gobierno estatal no ha emitido una postura oficial detallada sobre las acusaciones específicas en Santiago Xanica.
