El proyecto para reformar el Programa de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México y el Valle de México contiene “letra chiquita” que amenaza directamente el patrimonio de millones de habitantes. Aunque las autoridades promueven que no habrá aumentos al impuesto predial, el documento propone equiparar los valores catastrales con los precios actuales del mercado inmobiliario, lo que se traducirá en un alza automática en el cobro final.
Asimismo, la propuesta contempla la venta forzosa en subasta pública de inmuebles o terrenos subutilizados si sus dueños no los edifican, además de la figura de “zonificación flotante”, la cual permitirá autorizar proyectos de alta densidad comercial o residencial en zonas sin servicios garantizados de agua, drenaje o movilidad.
Pese a que el gobierno capitalino promociona este plan como una propuesta abierta a la participación social, la consulta ciudadana está diseñada de forma inflexible para limitar el diálogo real. Los foros de discusión se programaron entre semana a las 11:00 de la mañana, un horario que margina a miles de trabajadores de los 84 municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México que laboran en jornadas completas. Con reglas tramposas para recaudar fondos a costa de los contribuyentes y canales de protesta inaccesibles para la población, el programa avanza como una seria amenaza para la certeza jurídica de la vivienda.