¿Aplicarás a esta Visa? Estados Unidos vuelve permanente el programa que exige fianza de 20 mil dólares

El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció este viernes 31 de julio de 2026 que convertirá en permanente un programa regulatorio que exige a los solicitantes de visado de una cincuentena de países el pago de fianzas financieras de hasta 20.000 dólares.

La medida se centra de forma exclusiva en las visas de no inmigrante B1 (para viajes de negocios, conferencias y contratos) y B2 (para turismo, vacaciones y tratamientos médicos), las cuales habitualmente permiten estancias cortas en territorio estadounidense.

A diferencia de las visas de trabajo temporal como las H-1B o L-1, que cuentan con el respaldo financiero de patrocinadores o empresas contratantes, y de los visados de estudiante F-1, que requieren certificación académica previa, los visados de la categoría B dependen enteramente del perfil socioeconómico individual del solicitante; por ello, la imposición de este depósito obligatorio busca añadir una traba económica directa para evitar que los viajeros utilicen las rutas turísticas o comerciales tradicionales como una vía de entrada para establecerse de forma permanente e irregular en Estados Unidos.

La decisión consolida los resultados de un programa piloto implementado en 2025 por la administración del presidente Donald Trump en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento del Tesoro. Tras evaluar la viabilidad del mecanismo, las autoridades consulares eliminaron el rango mínimo previo de 5.000 dólares e incrementaron el techo del depósito a 20.000 dólares, monto que quedará a discreción de los oficiales consulares al momento de evaluar cada solicitud.

Funcionarios del gobierno estadounidense argumentaron que la aplicación de estas garantías económicas ha demostrado ser una herramienta eficaz para garantizar que los visitantes respeten los plazos de salida estipulados en sus documentos de ingreso. La política forma parte del endurecimiento generalizado de los controles migratorios impulsado por la Casa Blanca, que también ha implementado incrementos en las tarifas de procesamiento y la revisión obligatoria de las redes sociales de los solicitantes antes de autorizar las visas.

Por su parte, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes criticaron la resolución al señalar que el costo es demasiado elevado y eso desincentivará los viajes legítimos hacia Estados Unidos. Diversos grupos civiles argumentan que estas exigencias económicas desproporcionadas imponen barreras financieras infranqueables para ciudadanos de países en desarrollo y promueven la discriminación por origen nacional, entorpeciendo el intercambio comercial y cultural bilateral.