La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalida el acuerdo presidencial que considera las obras de infraestructura del Gobierno Federal como de seguridad nacional tras señalar que se afecta el derecho a la transparencia y acceso a la información. El lunes el pleno analizará los alcances de su decisión.
A propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, por mayoría de votos, el máximo tribunal del país dio la razón este jueves al Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y concluyó que es inconstitucional dicho decreto.
“Es inconstitucional este acuerdo, porque su amplitud y su ambigüedad obstaculizan e inhiben el acceso a la información de toda la ciudadanía respecto de las obras del Gobierno de México. Además, tal como está formulado, el acuerdo analizado pone en entredicho las obligaciones de transparencia que pesan sobre las autoridades que ejercen recursos públicos y que tiene como objetivo permitir un control ciudadano sobre este objetivo”, señaló González Alcántara Carrancá.
El decreto permitía no entregar información sobre el desarrollo de las obras
Y es que el decreto emitido por el Ejecutivo Federal, que declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México, permitía no entregar información sobre el desarrollo de las obras y excluía la obligatoriedad de hacer licitaciones para el otorgamiento de los contratos.
Para ministros como Margarita Ríos Farjat, el acuerdo genera un ámbito de inseguridad jurídica por la amplitud de leyes y ordenamientos en materia administrativa que abarca sobre el régimen de contratación pública.
“Tenemos aquí, como ya se ha mencionado, telecomunicaciones, aduanero, hidráulico, salud. Esto anula las mejores prácticas en materia de transparencia institucional. No hay un margen claro de qué hacer, ni para los servidores públicos involucrados ni para la sociedad, ni para la información”, señaló.
Sin embargo, para el bloque minoritario de ministros, el acuerdo que hoy impacta en el acceso a la información pública sobre obras como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas, no afecta la transparencia.
“Contrario a lo que sostiene el proyecto, de ninguna manera afecta o interfiere en el derecho de acceso a la información pública y por consiguiente no afecta a las atribuciones del INAI en materia de transparencia. La propuesta parte en su totalidad de una premisa equivocada: asumir que al utilizar la expresión interés público y seguridad nacional, el acuerdo sitúa toda la información derivada de las obras prioritarias en el supuesto de reserva”, expuso Arturo Zaldívar.
Tras un intenso debate sobre los alcances de su decisión respecto a si “el decreto no existe ya” o si seguirá vigente para la ciudadanía en general que solicite información sobre los proyectos estratégicos, la ministra presidenta Norma Piña pospuso el debate para el próximo lunes.
