La historia de Fredy, activista originario de Oaxaca, se ha convertido en un símbolo de lo que organizaciones civiles califican como un patrón de criminalización contra defensores indígenas y sociales en la entidad. Durante más de dos años, permaneció encarcelado tras ser acusado de delitos que, asegura, jamás cometió, luego de oponerse a proyectos impulsados por el gobierno estatal.
De acuerdo con su testimonio, fue detenido y sometido a un proceso penal basado en acusaciones fabricadas. “Me encarcelan, me fabrican cuatro delitos… recibí tortura desde que ingresé al penal”, relató, al asegurar que fue recluido en una celda de castigo, vigilado constantemente y golpeado de manera reiterada.
Tortura, presión y libertad tras desistimiento de la Fiscalía Oaxaca
Fredy afirma que durante su reclusión recibió presiones para declararse culpable. Según su relato, personas vinculadas al gobierno estatal acudían al penal para exigirle que aceptara los cargos. “Llegaba gente del gobierno del estado a exigirme que me declarara culpable”, señaló.
Tras más de dos años privado de la libertad, logró salir del penal luego de que la Fiscalía se desistiera de la acusación, al no existir pruebas que acreditaran algún delito. “¿Por qué salgo? Porque no había ningún delito en mi contra”, sostuvo, al recalcar que su caso refleja un uso del sistema de justicia como herramienta de represión.
Aumentan agresiones y asesinatos de activistas en Oaxaca
El caso de Fredy no es aislado, advierten organizaciones civiles. Datos documentados por EDUCA revelan que en los primeros dos años y medio del actual gobierno estatal, encabezado por Salomón Jara, se han registrado 32 asesinatos de activistas, 44 agresiones individuales y 70 ataques colectivos contra movimientos sociales en Oaxaca.
Neftalí Reyes, integrante de una organización que asesora a comunidades indígenas, aseguró que estas cifras no son especulaciones. “Esto está claramente documentado y vemos con preocupación que el 99% de los asesinatos permanecen en la impunidad”, afirmó.
Las denuncias contrastan con el discurso oficial del gobierno estatal, que ha presentado su administración como una “primavera” para Oaxaca. Activistas consideran que la realidad es opuesta. “Vemos todo lo contrario. Oaxaca es uno de los estados donde más personas defensoras han sido asesinadas”, advirtió Fredy.
Este descontento, aseguran, se reflejó incluso en procesos como la revocación de mandato, donde sectores de la población manifestaron su inconformidad con el rumbo del gobierno.
Para organizaciones sociales, la criminalización de defensores no solo afecta a activistas, sino a comunidades indígenas que defienden sus tierras, recursos y derechos colectivos. La persecución judicial, la violencia y la falta de justicia generan un efecto inhibidor que pone en riesgo la participación social.
A pesar del miedo y el riesgo, Fredy y cientos de defensores continúan manifestándose. “El miedo siempre ha existido, pero también tenemos que perderlo, porque si no defendemos las tierras, ¿quién más lo va a hacer?”, concluyó.
