La reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha puesto en el centro del debate la aplicación de la prisión preventiva en México; ahora no debe aplicarse de forma automática, sino que debe ser justificada por el Ministerio Público en cada caso concreto.
El Ministerio Público deberá justificar el ingreso de un detenido a un penal para enfrentar un proceso, pero esta medida no se eliminará por completo, como se ha hecho creer, incluso desde Palacio Nacional.
La decisión ha generado reacciones encontradas. Por un lado, algunos sectores han celebrado la medida, considerándola un paso importante hacia la protección de los derechos humanos en México. Por otro lado, otros han expresado su preocupación por el posible abuso de esta figura por parte del gobierno federal.
Discusión de prisión preventiva en México
Expertos advierten sobre el riesgo de abuso en prisión preventiva
El constitucionalista Jorge Lara ha señalado que la prisión preventiva puede ser utilizada como un arma política para encarcelar a opositores al gobierno: “Es mentira que la Suprema Corte pretenda de la noche a la mañana liberarlos a todos. Parece que la Secretaria de Gobernación debe apegarse a la verdad de los hechos, porque este país gana poco la población, no se favorece de una autoridad que no se maneja con apego a la verdad”.
Lara no es el único que ha expresado su preocupación. Otros expertos han advertido que el abuso de la prisión preventiva podría dejar a cualquier ciudadano en estado de indefensión ante decisiones arbitrarias del poder.
Prisión preventiva en México: ¿Justicia o arma política?
La sentencia de la CIDH ha abierto un debate crucial sobre la prisión preventiva en México. Es necesario que se realice una revisión profunda de esta figura para garantizar que se aplica de forma justa y no se convierte en un instrumento de represión política.
Es importante que la ciudadanía mexicana se involucre en este debate y exija a sus representantes que tomen medidas para garantizar que la prisión preventiva se aplica de forma justa y conforme a los derechos humanos.
