El comediante Javier Carranza, conocido públicamente como “El Costeño”, alzó la voz a través de sus redes sociales para denunciar una red de posibles actos de corrupción dentro de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Veracruz. El artista reveló que autoridades estatales dieron de alta dos vehículos a su nombre sin su consentimiento ni conocimiento: una camioneta y un remolque. Esta irregularidad administrativa le ha generado millonarios adeudos fiscales no reconocidos, afectando gravemente su historial crediticio y su estabilidad financiera.
A raíz de la denuncia pública vertida en un video por el comediante, las autoridades veracruzanas confirmaron que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción abrió de oficio una carpeta de investigación. Las indagatorias se centran en los presuntos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, cometidos presuntamente por personal adscrito a las oficinas de Hacienda Estatal ubicadas en los municipios de Isla y Alvarado, donde se procesaron los trámites apócrifos.
Investigación abierta en Hacienda Estatal de Isla y Alvarado sin personas detenidas
El modus operandi expuesto por “El Costeño” pone en evidencia las fallas y la colusión interna en los controles del padrón vehicular de Veracruz, donde se utilizan identidades de figuras públicas o ciudadanos sin su conocimiento para emplacar unidades de procedencia dudosa. A pesar de la gravedad de los hechos y del impacto generado en la opinión pública, la fiscalía estatal confirmó que hasta el momento no hay personas detenidas ni servidores públicos suspendidos por estos actos anómalos.
El caso del comediante ha generado indignación entre los contribuyentes, quienes exigen una auditoría integral a los trámites realizados en las receptorías de rentas de la entidad. Mientras la Fiscalía Anticorrupción desahoga las pruebas documentales de los trámites efectuados en Isla y Alvarado, el afectado solicitó la inmediata cancelación de los folios vehiculares y el cese del acoso financiero derivados de un delito en el que fue víctima de la burocracia estatal.