La cancelación de líneas telefónicas de aquellos usuarios que decidieron no registrar sus datos personales ante la exigencia oficialista ya comenzó, desatando una severa crisis de vulnerabilidad para la ciudadanía.
Quienes han optado por interponer un juicio de amparo para frenar esta medida y proteger su privacidad se enfrentan de inmediato a un muro burocrático: los juzgados federales se declaran incompetentes y se botan la “papa caliente” entre sí, remitiendo los expedientes a órganos especializados en telecomunicaciones.
Bloqueos telefónicos y burocracia judicial ahogan a los usuarios sin registro
Mientras tanto, la Suprema Corte mantiene el asunto archivado en un cajón y se niega a resolver un tema prioritario, dejando los expedientes de los ciudadanos atrapados en un limbo jurídico mientras las compañías telefónicas continúan con la suspensión del servicio.
A este laberinto procesal se suman los altos costos económicos y la profunda desconfianza hacia el manejo de la información por parte del Estado. Tramitar un amparo de manera individual no es un proceso sencillo ni gratuito, implicando honorarios legales elevados y un gasto considerable sin la garantía de obtener una sentencia favorable.
El debate de fondo persiste en la total incertidumbre sobre las garantías de protección de datos personales, dejando al ciudadano desamparado ante un sistema de justicia indiferente a sus necesidades y volcado en proteger los intereses gubernamentales.