WASHINGTON, 5 mar (Reuters) - Los agentes fronterizos de Estados Unidos detuvieron a casi 100.000 migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México en febrero, según dos personas familiarizadas con las cifras preliminares, la mayor cantidad de arrestos en un febrero desde 2006.
Las cifras, que no se han informado antes, muestran el alcance de un aumento creciente de migrantes que llegan a la frontera suroeste mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, un demócrata, busca revertir algunas de las políticas restrictivas del expresidente Donald Trump, un republicano.
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En particular, un número cada vez mayor de niños que llegan a la frontera sin un padre o tutor legal ha obligado a los funcionarios estadounidenses en las últimas semanas a buscar opciones de vivienda y tomar medidas para acelerar su entrega a tutores en Estados Unidos.
Los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos capturaron a más de 4.500 migrantes que cruzaban la frontera entre Estados Unidos y México en un solo día el miércoles, según cifras del gobierno compartidas con Reuters, una señal de que las entradas ilegales podrían seguir aumentando en marzo. (Reporte de Frank Jack Daniel en Ciudad de México y Ted Hesson en Washington.
Migrantes en México sufren sistemáticas violaciones
Migrantes solicitantes de asilo en Estados Unidos que fueron devueltos a México como parte de acuerdos entre ambas naciones, sufrieron sistemáticas violaciones, secuestros, extorsiones y otras agresiones, dijo en un informe el viernes la organización Human Rights Watch (HRW).
En un documento titulado “México: abusos contra solicitantes de asilo en la frontera de Estados Unidos”, HRW recogió testimonios de decenas de familias parte del polémico programa “Protocolos de protección a Migrantes” (MPP, por sus siglas en inglés), que durante la administración del entonces presidente Donald Trump obligó a miles a esperar en México.
“Hasta que la administración de (Joe) Biden ponga fin a este programa abusivo, el Gobierno mexicano debe actuar para garantizar que los solicitantes de asilo puedan permanecer seguros en México y acceder a servicios esenciales”, dijo José Vivanco, director de la división de las Américas para HRW.
La investigación, basada en documentos legales, observación de audiencias judiciales y conversaciones con abogados y grupos humanitarios, encontró que los principales agresores a migrantes de varias nacionalidades fueron corporaciones policiales en México, agentes migratorios y grupos criminales.
El documento detalló que algunos solicitantes no lograron asistir a su cita para obtener asilo porque fueron secuestrados en México, o bien trasladados por funcionarios de migración en buses al sur del país, quedando a miles de kilómetros del recinto donde se llevaría a cabo su audiencia en Estados Unidos.
La organización también encontró que “criminales habían secuestrado o amenazado a los solicitantes de asilo y que exigieron rescates (...) que oscilan entre los cientos y miles de dólares”. En algunos casos, agregó, “los perpetradores tenían fotografías de las víctimas”.
Vivanco dijo a Reuters que es positivo que la nueva administración estadounidense esté agilizando los procesos para recibir a los solicitantes de asilo, aunque cuestionó que el gobierno de Biden “siga enviando a miles de personas a México, negándoles la oportunidad de solicitar asilo”.
Temerosos de ser víctimas de grupos delictivos o de funcionarios mexicanos, muchos migrantes optaron por mantenerse en el anonimato. “Me aterroriza salir (..) no sé qué es peor, estar aquí o en Venezuela”, dijo una mujer a HRW.
