Estados Unidos impone nuevas sanciones a empresas estatales de Cuba

El gobierno de Estados Unidos aumentó la presión económica sobre Cuba mediante la imposición de sanciones contra nueve empresas estatales de los sectores minero, metalúrgico y de la construcción, además de los principales directivos del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP). La medida fue anunciada conjuntamente por el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado en Washington.

El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que el ICAP opera como una fachada para promover redes de influencia en territorio estadounidense orientadas a captar y radicalizar simpatizantes bajo la cobertura de intercambios culturales o educativos. Según el funcionario, el gobierno cubano intentó reactivar dicha estructura aprovechando las actividades conmemorativas por el centenario del fallecimiento de Fidel Castro, las cuales convocaron a delegaciones internacionales en La Habana.

Las penalizaciones económicas y financieras contemplan la inmovilización de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de transacciones comerciales con entidades vinculadas al aparato estatal cubano. Los sectores castigados comprenden:

• Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP): Las restricciones se extendieron a su presidente, Fernando González Llort —uno de los exintegrantes de la red de inteligencia cubana detenidos en Estados Unidos en 1998—, así como a la primera vicepresidenta, Noemí Ramona Rabaza Fernández, y a la directora para América del Norte, Leima Martínez Freire.
• Sectores industriales y de la construcción: La medida recae sobre el Ministerio de la Construcción de Cuba, una empresa de producción de níquel, dos firmas dedicadas a la importación de maquinaria industrial, una compañía de recursos minerales, una agencia proveedora de mano de obra y dos empresas comercializadoras de vehículos, autopartes y materiales de construcción.

Las nuevas sanciones coinciden con operativos ejecutados por autoridades migratorias en el aeropuerto de Miami, Estados Unidos, donde varios ciudadanos estadounidenses que regresaban de Cuba tras participar en los homenajes a Fidel Castro fueron sometidos a inspecciones secundarias y revisiones de dispositivos electrónicos. Fuentes oficiales indicaron que, aunque los activistas fueron liberados tras las entrevistas, continúan bajo investigación por posibles violaciones a las leyes de embargo que prohíben transacciones con entidades gubernamentales cubanas.

Estas acciones se suman a las restricciones energéticas derivadas del bloqueo petrolero impuesto por Washington tras el derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, nación que abastecía de crudo a Cuba. La escasez de combustible ha derivado en apagones generalizados, limitaciones en el transporte público y una parálisis parcial de la actividad económica en la isla.