El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este martes una nueva batería de sanciones económicas y restricciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), la jueza japonesa Tomoko Akane, y el fiscal principal de juicios, el senegalés Abdoulaye Seye.
Esta medida forma parte de la campaña impulsada por la administración del presidente Donald Trump para blindar la soberanía nacional y proteger a ciudadanos y aliados de Washington ante lo que calificó como una extralimitación del tribunal de La Haya.
Last month, I launched a diplomatic campaign to dismantle the ICC’s threat to our national sovereignty. The Trump Administration is sanctioning ICC President Tomoko Akane and Senior Trial Lawyer Abdoulaye Seye in our unwavering mission to protect Americans from this sham of a…
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 18, 2026
Tensión por las investigaciones sobre Gaza y Afganistán
La decisión intensifica la estrategia de Washington para desmantelar el tribunal internacional. Estados Unidos acusa a la CPI de violar los límites de su jurisdicción al promover investigaciones contra funcionarios y personal militar estadounidense e israelí —incluyendo las órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu— por presuntos crímenes de guerra.
Las sanciones anunciadas por Marco Rubio congelan los activos que los funcionarios puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y los excluyen del sistema financiero global de Estados Unidos, prohibiendo además su entrada al país. Rubio argumentó que el tribunal carece de autoridad sobre naciones que no han dado su consentimiento ni son firmantes del Estatuto de Roma, como es el caso de Estados Unidos e Israel.
Por su parte, la CPI emitió un comunicado rechazando las medidas, advirtiendo que las amenazas a los actores judiciales atentan directamente contra el estado de derecho y el orden jurídico internacional.
¿Qué pasaría si esto escalara?
Si este enfrentamiento diplomático y judicial continúa intensificándose, las repercusiones podrían poner a prueba la arquitectura del derecho internacional.
Una escalada mayor no solo asfixiaría la capacidad operativa de la Corte Penal Internacional, al restringir sus transacciones bancarias globales y acorralar a sus miembros, sino que también profundizaría la fractura geopolítica entre las naciones occidentales que respaldan al tribunal de La Haya y aquellas que rechazan su jurisdicción sobre Estados no firmantes.
Asimismo, deja un precedente que podría debilitar los mecanismos de rendición de cuentas e inmunidad de altos mandos en conflictos futuros, limitando el alcance global de la justicia penal y exponiendo a los organismos multilaterales a un desgaste institucional sin precedentes.