Estados Unidos volvió a elevar la presión sobre Nicaragua y pidió a sus aliados reconsiderar los vínculos que mantienen con el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, luego de la primera aprobación, de dos necesarias, de una reforma constitucional que modifica las reglas electorales.
El secretario de Estado, Marco Rubio, acusó al régimen nicaragüense de utilizar los cambios constitucionales para concentrar aún más el poder y limitar la participación de sectores opositores.
Marco Rubio pide no hacer negocios con Nicaragua
Marco Rubio solicitó a los países que mantienen relaciones con Nicaragua poner fin a su comercio habitual, además, adelantó que continuará impulsando medidas contra funcionarios y autoridades nicaragüenses a quienes responsabiliza de violaciones a los derechos humanos.
"Ayer, la Asamblea Nacional de los Murillo-Ortega destripó lo que quedaba de la democracia de Nicaragua en la segunda reescritura constitucional en dos años. Estados Unidos implementará medidas en la próxima Ministerial de Relaciones Exteriores de OAS para asegurar que nuestro hemisferio deje de hacer negocios como de costumbre con esta dictadura", escribió en su cuenta de X.
Yesterday the Murillo-Ortega's National Assembly gutted what was left of Nicaragua’s democracy in the second constitutional rewrite in two years. The U.S. will implement measures at the next @OAS_official Foreign Ministerial to ensure our hemisphere stops business as usual with…
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 2, 2026
Estados Unidos contempla llevar esta postura a espacios internacionales, entre ellos la Organización de los Estados Americanos, con el objetivo de aumentar la presión sobre el gobierno nicaragüense.
La reacción de Washington ocurrió un día después de que la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobara una modificación a la Constitución durante la primera sesión, de dos necesarias.
La nueva reforma electoral de Nicaragua
Uno de los principales cambios establece que los cargos obtenidos mediante elección popular tendrán una duración de siete años, en lugar de los seis contemplados anteriormente.
La reforma también establece restricciones para impedir que determinadas personas consideradas opositoras por las autoridades puedan competir por cargos públicos.
Las elecciones presidenciales previstas originalmente para noviembre de 2026 quedarían sin efecto debido a la ampliación de los periodos de gobierno.
Aunque la reforma ya fue aprobada en primera instancia por la Asamblea Nacional, al tratarse de una modificación constitucional, deberá ser ratificada durante una segunda legislatura, cuya sesión está programada para el 18 de enero de 2027.