La defensa legal de Manuel Roberto Farías Laguna, exvicealmirante de la Secretaría de Marina (Semar) procesado por presuntamente encabezar una estructura criminal dedicada al contrabando de combustible, promovió un nuevo juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación. Con este recurso constitucional, el exmando naval busca que una jueza federal ordene el sobreseimiento del proceso penal que actualmente enfrenta, lo que en la práctica significaría la cancelación definitiva de la causa judicial en su contra sin entrar al fondo del juicio.
El origen de esta nueva ofensiva jurídica se remonta al pasado 22 de octubre, fecha en la que la representación legal de Farías Laguna presentó una solicitud formal ante una jueza de control adscrita al Centro de Justicia Penal Federal con sede en El Altiplano, Estado de México. En dicha petición, el exfuncionario naval exigió dejar sin efecto la imputación formulada por el Ministerio Público por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, argumentando presuntas irregularidades en la integración del expediente acusatorio.
La omisión judicial en El Altiplano y la estrategia para anular el caso
De acuerdo con los registros judiciales del caso, la juzgadora del Altiplano omitió pronunciarse o resolver de fondo sobre la petición planteada por el exvicealmirante para cancelar la acusación en su contra. Ante el silencio procesal de la autoridad judicial, los abogados de Manuel Roberto Farías Laguna recurrieron al juicio de garantías con el objetivo específico de obligar a la juez de control a revertir su omisión, emitir una determinación y modificar el curso del procedimiento penal para decretar la conclusión anticipada del proceso.
El litigio mantiene bajo escrutinio el avance de las investigaciones federales contra exintegrantes de las fuerzas armadas vinculados con el mercado de huachicol fiscal. Mientras el nuevo recurso de amparo es admitido y analizado por el juzgado de distrito correspondiente, la resolución que se emita resultará determinante para definir si el exvicealmirante de la Secretaría de Marina logra desactivar la imputación por delincuencia organizada o si deberá continuar enfrentando ante los tribunales federales los señalamientos por su presunta participación en la red de contrabando de hidrocarburos.