El dinero público destinado a organizar las elecciones volvió al centro de la discusión política luego de que el diputado del PAN, Federico Döring, exigió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigue los presuntos contratos irregulares relacionados con Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), y el empresario José Alfredo Hernández Casillas.
El legislador utilizó el apodo de “Amílcar del INE” para referirse al empresario y establecer una comparación con Amílcar Olán, quien conocido por sus vínculos con contratos públicos durante la administración anterior.
Döring sostuvo que las autoridades deben esclarecer los señalamientos y determinar si existieron operaciones ilícitas. En su posicionamiento, advirtió que la falta de consecuencias podría afectar la confianza en las instituciones responsables de organizar los comicios.
Döring pone el foco en las investigaciones financieras
Para el diputado panista, la intervención de la UIF es necesaria para esclarecer el origen y destino de los recursos relacionados con las contrataciones cuestionadas.
El legislador pidió que las indagatorias lleguen hasta sus últimas consecuencias y que, en caso de acreditarse alguna conducta ilegal, se aplique la ley a los responsables.
Durante su declaración, Döring planteó que no investigar a fondo estos señalamientos podría enviar una señal de impunidad. También cuestionó la capacidad de las autoridades para impedir que recursos de procedencia ilícita lleguen a financiar campañas políticas.
Sin embargo, las acusaciones del diputado constituyen señalamientos políticos y no una determinación judicial sobre la responsabilidad de las personas mencionadas.
El panista advierte sobre las elecciones de 2027
El proceso electoral de 2027 es uno de los argumentos centrales de Döring para exigir que se esclarezca el caso. El diputado consideró que las dudas sobre las contrataciones y los posibles conflictos de interés deben resolverse antes de que avance la contienda.
En su intervención, vinculó la necesidad de investigar al empresario con el riesgo de que dinero de origen ilícito pudiera llegar a las campañas de Morena. No obstante, no presentó en las declaraciones proporcionadas pruebas que acrediten que recursos del narcotráfico hayan financiado esas campañas.
Por ello, la petición del panista se concentra en que las autoridades investiguen y establezcan si existen elementos para proceder legalmente.
Los señalamientos alcanzan a la presidencia del INE
La exigencia de Döring se suma a los cuestionamientos que enfrenta Guadalupe Taddei por las relaciones entre personas cercanas a su entorno y empresas proveedoras del organismo electoral.
En medio de esta controversia, la consejera presidenta ha rechazado que existan empresas favoritas en las contrataciones del INE y ha anunciado que solicitará a la Auditoría Superior de la Federación revisar procedimientos de licitación. También ha señalado que los antecedentes relacionados con posibles omisiones en declaraciones patrimoniales y de intereses fueron enviados al Órgano Interno de Control.