¡Se queda en el Altiplano! Vinculan a proceso a excontralmirante Fernando “N” por contrabando de combustible

La jueza Alejandra Rmírez de la Vega dictó auto de vinculación a proceso e impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra de Fernando Farías "N", excontralmirante de la Secretaría de Marina, por su participación en el delito de delincuencia organizada relacionado con una presunta red de huachicol fiscal. Tras su localización y traslado a territorio nacional desde Argentina, la autoridad judicial ordenó su permanencia en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, al considerar suficientes los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR).

Cabe destacar que la defensa había solicitado la duplicidad del término constitucional, por lo que fue en la continuación de la misma que la FGR obtuvo dichas decisiones por parte de la autoridad judicial.

La imputación formal, formulada por el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), se da tras un largo seguimiento internacional. Farías Laguna había sido detenido el pasado 23 de abril en Argentina a partir de la emisión de una Ficha Roja de Interpol solicitada por la FGR. En seguimiento al procedimiento de expulsión del país sudamericano, arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a bordo de una aeronave de la Marina, custodiado por personal ministerial para seguir con el debido proceso.

Las investigaciones ministeriales ubican al exmando naval como un operador clave dentro de una red criminal dedicada al huachicol fiscal, esquema enfocado en el contrabando, dispersión y comercialización ilegal de combustibles a través de aduanas marítimas en Tamaulipas. Las maniobras de la organización consistían en alterar manifiestos de importación para ingresar cargamentos evadiendo el pago de impuestos, acumulando afectaciones millonarias al erario.

Aunque las autoridades buscan desmarcar a las instituciones del escándalo con su captura, el proceso reaviva los cuestionamientos sobre los endebles controles internos y las redes de complicidad oficial que permitieron la distribución del combustible ilícito a gran escala.