La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, a través de vocero Ulises Lara López, habló sobre el seguimiento que la institución da a las investigaciones realizadas respecto a dos ex funcionarios de la administración pasada, que presuntamente llevaron a cabo un millonario desvío de recursos del Gobierno del capitalino.
Agregó que en cuanto se determinó que los elementos aportados ante el Ministerio Público por Miguel Ángel “N”, ex subsecretario de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas, no resultaron suficientes para constituirse en prueba, y luego de que la autoridad judicial ordenó el cambio de medida cautelar para que el imputado continuara su proceso penal en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, era importante resaltar tres puntos que sustentan su reclusión.
Mensaje a medios del vocero Ulises Lara López, en seguimiento al caso de Miguel Ángel "N" https://t.co/FGQUMHUXXP
— Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) May 20, 2022
El funcionario hizo una red fraudulenta con otros servidores públicos
En el primero recalcó que el ex servidor público supuestamente ocasionó un daño irreparable a la hacienda de la Ciudad por cerca de mil millones de pesos.
Lara López también dijo que de manera dolosa, en uso del cargo en el que se encontraba, posiblemente organizó una red fraudulenta junto con personas servidoras públicas allegadas a su puesto, con objetivos de enriquecimiento ilícito.
Es uno de los mayores perjuicios realizados a las finanzas de la capital
De tal manera que a través de posibles simulaciones de contratos, traslados en efectivo, desvío de recursos de la nómina de trabajadores del Gobierno de la Ciudad, el ex servidor público presuntamente dirigió uno de los fraudes que más daño le hayan provocado a las finanzas púbicas capitalinas.
No había razones de salud por las que el funcionario estuviera en prisión domiciliaria
En segundo lugar señaló que la institución determinó que no existe una vulneración a la salud del imputado para que permaneciera en su domicilio, tal como la defensa lo aseguró en su momento, al argumentar un padecimiento crónico degenerativo.
Sobre este tema, dijo que después de hacer una valoración médica certificada de su estado de salud, establecieron que el ex servidor público se encontraba en buen estado físico, que no le impide continuar su proceso en reclusión.
El tercer punto mencionado por las autoridades, fue en relación a que ningún acto de corrupción deberá permanecer impune y se le deberá perseguir y sancionar en el marco de la legalidad.
Recalcó que la obligación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investigar y perseguir los delitos, más aún, tratándose de aquellos que dañan los recursos de la hacienda pública, de bienes que en algún momento hubieran beneficiado a los habitantes de la ciudad.
Posteriormente hicieron referencia a la forma de operar o modus operandi que según las investigaciones de la Fiscalía tuvieron dichos desvíos.
La Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, sostiene que la primera forma presuntamente la encabezó Miguel Ángel “N”, a pesar de que Capital Humano del Gobierno del capitalino realiza por Ley una función llamada “Solicitud de devolución del pago del impuesto sobre la renta”.
Un grupo de servidores públicos, coludidos posiblemente, simuló hacer dicha actividad a través de la contratación de tres empresas, las cuales recibieron un pago a cambio. Este grupo fue conformado por personas de la total confianza de Miguel Ángel “N”, algunas de ellas con parentesco y conocidos entre ellos mismos.
Desviaron dinero con pagos a empresas hoy desaparecidas
Con lo cual, el dinero desviado fue de aproximadamente mil millones de pesos, el pago por los supuestos contratos fue distribuido a ocho empresas, hoy desaparecidas, mismas que posiblemente cobraron el 20 por ciento de los recursos desviados, a cambio de su apoyo en esta simulación.
De esa forma habrían dado pie a una enorme operación de desvío de recursos, donde el dinero fue posiblemente entregado a ese grupo, con el objetivo de comenzar una distribución millonaria entre servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal y otros actores.
En un segundo modo de operar, el mismo grupo de funcionarios probablemente realizó una ilegal autorización, gestión y entrega de diversas cantidades de dinero a servidores públicos de la misma área de Gobierno.
Desvío de recursos se habría realizado a través de supuesto pago en efectivo de la nómina y de fondos de ahorro de los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal.
Los recursos posiblemente fueron trasladados en efectivo para ser entregados a los trabajadores por medio de supuestos pagadores habilitados, pero el dinero no fue entregado completamente.
Los supuestos pagadores habilitados, eran servidores públicos integrantes del grupo de Miguel Ángel “N”, el mismo que según la indagatoria, autorizó la entrega.
Modus operandi del ex funcionario Julio César “N”
El tercer modus operandi que ha podido establecer la Fiscalía de Justicia capitalina, es el de la Central de Abasto, donde Julio César “N”, como administrador general, habría realizado despojos de bodegas con clausuras para venderlas de forma ilegal y obtener el dinero de la transacción.
En la Central de Abasto probablemente celebró concesiones irregulares con empresas para el cobro de estacionamientos aéreos, baños y diversos servicios.
Mediante las investigaciones detectaron que los bienes con los que cuenta y los gastos que realizaba, no corresponden con los ingresos que en su momento obtuvo por concepto de salarios de los cargos que desempeñó. El incremento ilícito de sus ingresos asciende aproximadamente a 47 millones 874 mil pesos.
Los delitos fueron realizados durante la administración pasada
Por último dijeron que el probable delito de enriquecimiento ilícito fue cometido por parte de una red de servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal, durante la administración 2012-2018, quienes, con el uso de los altos encargos que ocupaban, robaron el dinero de la Ciudad para beneficio propio, personas cercanas y familiares.
