Ciudad de México.- El gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, activó abogados en Estados Unidos, ante las denuncias públicas de presuntas irregularidades financieras y presuntos vínculos con recursos del crimen organizado.
Desde mediados de abril, contrató a un bufete de abogados estadounidense para “mitigar los efectos” de la información financiera confidencial supuestamente filtrada por funcionarios mexicanos, según revelaciones públicas al Departamento del Tesoro de Estados Unidos en virtud de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA).
El abogado de Cabeza de Vaca en Estados Unidos, David Gerger escribió una carta al director de la Red de Ejecución de Delitos Financieros de los Estados Unidos (FinCEN) instándolos a “investigar lo que parecen ser continuas filtraciones contra su cliente”.
En una carta que el abogado Gerger, escribió a García Cabeza de Vaca el 2 de abril de 2021, se lee además que le cobrará 975 dólares por hora, además de 650 dólares por hora para asistentes legales y abogados pasantes, más “gastos de bolsillo”, tarifas efectivas hasta 2021 y sujetas a ajuste cada enero después de 2021, señala la misiva.
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García Cabeza de Vaca negó haber realizado alguna operación o transferencia ilícita
Fue el pasado 10 de mayo cuando la Fiscalía General de la República (FGR), dio a conocer que recibió la información que el Departamento de Justicia del Gobierno de los Estados Unidos de América le ha enviado al Gobierno de México, respecto a las posibles responsabilidades penales del gobernador tamaulipeco, Ismael “G”, José Manuel “G”, José Ramón “C” y diversas empresas comerciales, desarrolladoras e industriales, vinculadas con irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales y operaciones ilícitas que, por ser nuevas probanzas que las autoridades de procuración de justicia mexicanas acaban de recibir, se integrarán a la carpeta de investigación correspondiente.
Un día después, García Cabeza de Vaca respondió al comunicado de la FGR a través de su cuenta de Twitter, donde negó haber realizado alguna operación o transferencia ilícita, tanto en México como en Estados Unidos, país que, a decir del funcionario, no le ha notificado ninguna investigación en su contra.
