Mientras la atención del mundo y de los medios internacionales se concentra en el conflicto armado entre Estados Unidos e Irán, el régimen de Teherán ha aprovechado el momento para acelerar y aumentar la ejecución de prisioneros políticos en sus prisiones, según revelan datos de diversos organismos de derechos humanos.
La organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Oslo, denunció que el régimen utiliza el ruido de la guerra como una pantalla perfecta. Al estar la comunidad internacional distraída, el costo político de aplicar la pena de muerte a los disidentes disminuye notablemente. En lo que va del año 2026, las autoridades iraníes han ejecutado al menos a 47 prisioneros políticos, una cifra que contrasta de forma alarmante con los 16 casos registrados durante el mismo periodo del año pasado.
El régimen ha endurecido los castigos a ciudadanos
CNN entrevistó a familiares de los prisioneros políticos que esperan su condena. Detrás de las frías estadísticas hay historias de familias fracturadas. Desde su hogar en Osnabrück, en el noroeste de Alemania, Niki Nikbakht lucha diariamente para alzar la voz por sus dos hermanos mayores, Hadi de 45 años y Fazlollah de 50, quienes se encuentran recluidos en Irán bajo sentencia de muerte.
Ambos fueron arrestados en octubre de 2025 en la localidad de Golpaygan durante una disputa donde las autoridades intentaron confiscar sus tierras. Aunque ya eran conocidos por su activismo político pacífico a favor de un referéndum en el país, la justicia iraní aceleró sus casos tras el estallido del conflicto con Estados Unidos. En junio, bajo el ambiguo cargo de "corrupción en la Tierra" (fesad fil arz), fueron condenados a la horca acusados de incitar a los jóvenes a protestar. Hadi, además, tiene una bebé de cinco meses a la que nunca ha podido conocer ni abrazar.
Torturan a prisioneros para que confiesen aunque sean inocentes
La organización IHR y otros colectivos defensores de derechos humanos insisten en que los juicios carecen de las más mínimas garantías procesales. El método del régimen para legitimar las sentencias de muerte consiste en televisar confesiones que, según denuncian los propios prisioneros antes de morir, son obtenidas mediante severas torturas físicas y psicológicas.
Un ejemplo de esta práctica ocurrió a inicios de mayo de 2026 con la ejecución de Nasser Bakerzadeh y Mehrab Abdollahzadeh en la Prisión Central de Urumieh. Aunque ambos aparecieron en la televisión estatal confesando supuestos actos de espionaje contra bases militares, grabaciones de voz enviadas de forma clandestina a sus familias poco antes de ser colgados desmintieron por completo sus declaraciones:
"Me obligaron a confesar mediante torturas y amenazas, confesiones que son totalmente falsas. Ninguno de los cargos en mi contra es real. Soy inocente", se escucha decir a Mehrab Abdollahzadeh en un audio filtrado desde su celda.
No hay derechos humanos en Irán
La firma del Memorándum de Entendimiento suscrito el pasado 17 de junio de 2026 entre el gobierno del presidente Donald Trump y las autoridades de Teherán representó un duro golpe para la disidencia iraní. Con la urgencia de aliviar las tensiones globales y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, el documento final omitió por completo cualquier mención a la situación de los derechos humanos, las protestas civiles o el destino de los perseguidos políticos.
Para activistas como Hamid Chapati, un opositor kurdo-iraní que logró escapar hacia Irak tras compartir celda con los ejecutados en Urumieh, la falta de acción de las potencias occidentales deja desamparados a quienes aún permanecen en las celdas de castigo esperando que cualquier noche sea la última.
