Reforma electoral de Morena: La jugada clave para consolidar poder y limitar la democracia en México

Durante los últimos años, y específicamente, desde el último sexenio, hemos sido testigos de una serie de reformas impulsadas por el gobierno de Morena que han transformado significativamente a México.

Bajo el lema de la democracia y la justicia social, estas modificaciones prometían un cambio positivo, pero la realidad pinta un panorama muy distinto. Después de tantas reformas controvertidas, como la austeridad que en la práctica ha reducido la transparencia, la militarización de la seguridad pública, o la limitación al acceso libre a la justicia, ahora nos enfrentamos a lo que muchos califican como “la madre de todas las reformas”: la reforma electoral.

Si algo nos ha enseñado la experiencia es que las palabras oficiales suelen ocultar verdaderas intenciones. Morena sostiene que la reforma electoral reducirá costos en las elecciones y limitará recursos a los partidos políticos, en especial a los llamados “plurinominales”, esos diputados que muchas veces han sido señalados por carecer de legitimidad directa.

Pero ojo, porque lo que a simple vista parece un ajuste económico puede esconder mucho más.

Esta nueva reforma apunta, en realidad, a acotar la participación y fuerza de la oposición, controlando a los órganos electorales y asegurando una mayoría permanente para el oficialismo en el Congreso. Esto significa menos contrapesos, menos fiscalización y, en el fondo, más poder concentrado en un solo bando.

El gobierno ha demostrado en el pasado que las reformas nunca fueron solo para mejorar la vida de la gente, sino para acumular poder: eliminar organismos autónomos como el INAI, restringir las formas de defensa ante abusos de autoridad, militarizar la seguridad y controlar la información a través de leyes de censura.

Ahora, con la reforma electoral, se busca consolidar ese control y dejar poco espacio para la diversidad política y la democracia real.

Por eso, esta reforma no es un asunto menor ni sólo técnico, sino una jugada crucial con la que Morena intenta cerrar el círculo de transformaciones que cada vez limitan más las libertades de todos los mexicanos. No es exageración, no es paranoia; es estar atentos y conscientes del rumbo que toma nuestro país.

No lo olvidemos, mientras la atención pública se concentra en la reforma electoral, Morena y sus aliados han consumado un paquete legal que modifica de manera profunda el equilibrio democrático del país. Entre estas medidas ya aprobadas, destaca la llamada Ley Espía, que otorga al gobierno acceso directo a datos personales de cualquier ciudadano sin autorización judicial.

La norma obliga a empresas privadas y dependencias públicas, de todos los niveles, a entregar información personal, biométrica, bancaria, telefónica y patrimonial para integrarla en una plataforma nacional de inteligencia. Con ello, lo que antes estaba protegido por la privacidad y el debido proceso, hoy queda expuesto a una vigilancia masiva amparada por la ley.

Paralelamente, la reforma a la Ley de la Guardia Nacional habilita a elementos en activo del Ejército y de la corporación para participar en procesos electorales, rompiendo con una tradición que buscaba evitar la militarización de la política. El mismo marco legal autoriza operativos encubiertos y el uso de identidades digitales falsas, prácticas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había declarado inconstitucionales.

En conjunto, estas disposiciones colocan a México ante un escenario en el que la concentración de poder y la ausencia de contrapesos permiten al Estado vigilar, intervenir y, potencialmente, influir en la vida privada y política de los ciudadanos.

Lo que nadie permitiría a un desconocido —revisar mensajes, ver fotos, rastrear movimientos— ahora es una facultad legal del gobierno. El debate ya no es si estas herramientas representan un riesgo, sino cómo y cuándo se usarán.