La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández propondrá la próxima semana al pleno del máximo tribunal declarar inconstitucional e invalidar la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).
En su proyecto de sentencia, Piña Hernández concluye que la creación del Panaut requería de una evaluación de impacto en la protección de datos personales y que el hecho de que el Congreso de la Unión no lo hizo genera la invalidez de todo el decreto de reforma por el que se crea y regula el Padrón.
“Estos incumplimientos por parte del Congreso de la Unión al momento de emitir el Decreto por el cual se crea y regula el Panaut refuerzan la conclusión alcanzada hasta este punto: una obligación indistinta y generalizada de recabar y conservar información privada e íntima, así como datos personales y sensibles de todos los usuarios de telefonía móvil infringe desproporcionadamente los derechos fundamentales a la privacidad, intimidad y protección de datos personales y resulta incompatible con las exigencias y estándares que impone una sociedad democrática”, señala la propuesta.
La ministra de la @SCJN, Norma Piña, propondrá al pleno del máximo tribunal declarar inconstitucional e invalidar la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil #Panaut.
— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 20, 2022
Norma Piña considera que el Panaut violenta la privacidad de los usuarios
Incluso, la ministra Norma Piña expone que dado el fuerte impacto que el Panaut genera en los derechos humanos a la privacidad y protección de los datos personales, y dado que también se afectan los datos sensibles de los usuarios de telefonía móvil, “debe concluirse que la emisión del Decreto impugnado requería de una Evaluación de impacto en la protección de datos personales en términos de la referida Ley General, la cual de las constancias que integran este expediente no se advierte que haya existido”.
La reforma obligaba a los usuarios de telefonía móvil a registrarse en el Panaut bajo la advertencia de que, de no hacerlo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) podía solicitar la cancelación de la línea telefónica.
“Lo procedente es declarar la invalidez de todo el Decreto de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil veintiuno”, puntualiza la ministra en su proyecto.
