La abogada y comunicadora Mónica Calles Miramontes denunció ser víctima de una persecución de Estado encabezada por funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) y respaldada de forma exprés por la Fiscalía General de la República (FGR). El conflicto escaló luego de que la litigante hiciera pública en sus redes sociales una audiencia laboral en la que representaba a trabajadores del INE, exhibiendo serias irregularidades y conflictos de interés en el desempeño de los servidores públicos del organismo.
La respuesta institucional no tardó: en un tiempo récord de solo tres días, un contraste abismal frente a la lentitud e inacción con la que la FGR ha manejado las carpetas de investigación contra personajes como el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la Fiscalía emitió una medida cautelar y prohibió a la jurista “intimidar o molestar” al personal del instituto involucrado.
🚨 PERSECUCIÓN DE ESTADO🚨
— Mónica Calles Miramontes (@moni_calles) September 1, 2026
Si el @INEMexico no garantiza derechos, menos garantizará la democracia.
Por ejercer mi trabajo como abogada, defender a mi clienta y exponer ilegalidades en el @INEMexico, hoy me avientan todo el aparato penal del Estado.
La @FGRMexico me acaba de… pic.twitter.com/UvJfL3GceE
Esta resolución impone restricciones severas a la abogada, permitiendo incluso el uso de la fuerza pública en caso de que los funcionarios lo soliciten, lo cual sienta un peligroso precedente de censura e intimidación contra el ejercicio del litigio y el periodismo. “Y esto le puede pasar a cualquier ciudadano que agarre su teléfono y grabe a un policía porque está abusando de su poder. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo si permitimos esto?”, advirtió Calles Miramontes.
Al vulnerar el derecho a la denuncia pública y la libertad de expresión, el caso evidencia cómo las instituciones encargadas de impartir justicia actúan con rigor desmedido para proteger al burocratismo oficial frente a las voces críticas, mientras garantizan impunidad para las cúpulas del poder.