Tras la ola de críticas desatada por presumir en sus redes sociales su asistencia al segundo informe de gobierno de Javier May, gobernador de Tabasco por Morena, el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Jorge Montaño Ventura, salió a justificar su participación. Entre explicaciones tropezadas, el integrante del Consejo General argumentó que acudir al acto oficial del gobernador morenista no violentó la Constitución ni su deber de imparcialidad, asegurando además que no dejará de asistir a eventos del partido oficialista cada vez que reciba una invitación formal.
En un intento por sofocar el escándalo sobre la falta de distancia que debe mantener el árbitro electoral frente a los gobiernos en funciones, Montaño sostuvo que su labor en el órgano electoral no está guiada por preferencias partidistas ni intereses de grupo. Montaño admitió que su presencia en el recinto puede generar dudas, por lo que buscó matizar su asistencia argumentando que formaba parte del respeto institucional entre autoridades, sin que ello signifique un compromiso político con Morena.
“No constituye un respaldo político”: La defensa de Montaño ante la pérdida de neutralidad
Durante su pronunciamiento, el consejero insistió en que su actuación se apega a la legalidad y la independencia, rechazando que su presencia al lado del mandatario tabasqueño vulnere los principios del INE. “Mi asistencia a este evento no debe de interpretarse como un respaldo a una administración o a alguna fuerza partidista. No constituye en ningún momento un respaldo político; mi compromiso como consejero electoral es precisamente con la ciudadanía”, aseveró al intentar aclarar la controversia desatada desde el pasado fin de semana.
Sin embargo, las declaraciones del consejero, quien mantiene una estrecha alianza con la excomisionada presidenta Guadalupe Taddei, reavivaron los cuestionamientos en el ámbito político. Varios ciudadanos y políticos de oposición advirtieron que la insistencia de Montaño Ventura por acudir a pasarelas del oficialismo erosiona la credibilidad de la fiscalización electoral y la neutralidad del tribunal administrativo, en momentos en que la equidad en las contiendas se encuentra bajo el escrutinio público.