Cientos de zapatos pintados de color rojo fueron colocados frente a palacio de gobierno y en las inmediaciones de la fuente de Las Tarascas en Morelia, Michoacán, como forma de protesta y exigencia de justicia por el asesinato de Jessica González Villaseñor y en general por la violencia contra las mujeres.
“Cada par de zapatos es el reflejo de cada mujer que no regresó a su casa porque fue asesinada”, señalaron familiares de la joven.
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La avenida principal de Morelia amaneció hoy con más de 600 pares de zapatos rojos en recuerdo de las víctimas de feminicidio y en exigencia de justicia para Jessica Gonzalez quien fue asesinada brutalmente por Diego Urik en septiembre del 2020.#JusticiaParaJessica pic.twitter.com/Sj3aqRxlyK
— Incendiarias (@incendiariasfem) February 1, 2021
Se trata “de un grito de justicia”, al cumplirse cuatro meses de la primera audiencia de Diego Urik “N”, presunto asesino de Jessica González Villaseñor, docente de 21 años, víctima de feminicidio.
A cuatro meses de que se inició el caso contra el joven de 18 años, familiares y amigos de Jessica exigieron a las autoridades que se haga justicia, ya que este lunes esperaban una sentencia condenatoria.
Jessica González fue encontrada sin vida el 25 de septiembre de 2020 en Morelia y la familia ha señalado a Diego Urik “N” como el presunto feminicida, por parte de la familia de la joven.
Familiares y amigos difundieron en redes sociales la etiqueta “Diego Mendoza Declara”, para exigir que el sujeto con quien se vio a la víctima por última vez, el 21 de septiembre, rinda cuentas ante la justicia. Ante esta acción el hombre retiró su perfil de Facebook.
Tras la instalación de los cientos de zapatos rojos, el hermano de la víctima destacó que la imposición de una pena al presunto responsable del feminicidio de Jessica “no nos devolverá a mi hermana, ni nos quitará el dolor por su pérdida, no habrá para nosotros una justicia justa”.
Y recordó que este martes 2 se realizará la audiencia en la que supuestamente vencía el término para ampliar las pruebas de ambas partes.
Sin embargo, todo indica que la Fiscalía General del estado solicitará un término de dos meses para recabar nuevas evidencias.
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