En México, la palabra traidor a la patria se ha convertido en un arma de la disputa política, pero ¿qué pasa cuando las sospechas de complicidad con el narcotráfico apuntan a quienes deberían combatirlo?
El PAN quiere llevar esa discusión al Código Penal Federal y poner sobre la mesa un castigo más severo para los servidores públicos que, desde el poder, presuntamente favorezcan a los cárteles.
Este martes, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, presentó una iniciativa para que los funcionarios y servidores públicos coludidos con el narcotráfico puedan ser sancionados por el delito de traición a la patria.
La propuesta busca modificar el artículo 123 del Código Penal Federal, que establece las sanciones para ese ilícito. La intención es incorporar una fracción que permita castigar a quienes, desde sus cargos, utilicen los recursos y las facultades del Estado para beneficiar a organizaciones criminales.
¡Los verdaderos traidores a la patria son los políticos que están entregando México al crimen organizado! Hoy, en la Cámara de Diputados, ingresé mi iniciativa para castigar como traidores a la patria a los servidores públicos coludidos con el narcotráfico, que lo protejan o le proporcionen información o recursos públicos. Convoco a Morena, PVEM y PT a acompañar esta propuesta Panista con visión de Estado. Te comparto mi conversación con los medios de comunicación:
— Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) October 21, 2026
El poder público, ¿al servicio de los cárteles?
La iniciativa contempla sancionar a los servidores públicos que, mediante acciones como proporcionar protección, información privilegiada o recursos públicos, contribuyan a que las organizaciones criminales condicionen o sometan las funciones del gobierno a sus intereses.
El señalamiento es de fondo; cuando un funcionario presuntamente utiliza su posición para favorecer al narcotráfico, el problema no se limita a la corrupción individual: también compromete la seguridad pública y la confianza en las instituciones.
Porque un cargo público no debería funcionar como escudo para los delincuentes, mucho menos como una herramienta para facilitar sus operaciones. Si se acreditan esos vínculos, las consecuencias deben ser proporcionales a la gravedad de los hechos y llegar hasta donde lo permita la ley.
Kenia López Rabadán lanza el reto a Morena, PT y Verde
La diputada panista no se limitó a presentar la iniciativa. También convocó a Morena, al Partido del Trabajo (PT) y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a respaldarla, en un llamado que abre otro frente de confrontación entre la oposición y el bloque oficialista.
López Rabadán cuestionó que el concepto de traición a la patria se utilice en el debate político de manera selectiva, particularmente cuando las diferencias entre partidos se convierten en acusaciones de deslealtad nacional.
Desde su perspectiva, el problema no debe reducirse a las discrepancias legislativas, sino dirigirse contra quienes presuntamente entregan la seguridad de las familias mexicanas a los cárteles.
La legisladora sostuvo que los funcionarios que se encuentren coludidos con el narcotráfico deben ser considerados traidores a la patria, independientemente de su partido o posición política.
Rocha Moya e Inzunza, en el centro de los cuestionamientos
Durante sus declaraciones ante medios de comunicación, López Rabadán también cuestionó la falta de respuestas frente a los señalamientos relacionados con Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y Enrique Inzunza, senador, ambos integrantes de Morena.
Sus nombres forman parte de la confrontación política que rodea las acusaciones de presuntos vínculos entre figuras públicas y el crimen organizado. La diputada panista utilizó ese contexto para insistir en la necesidad de que las responsabilidades de los servidores públicos se investiguen sin distinciones partidistas.