¡Opacidad en el manejo de dinero público! El poder legislativo en México se ha marcado por una preocupante falta de transparencia en la asignación de contratos públicos, incluso abusando de ello.
8 de cada 10 contratos en el poder legislativo fueron entregados de forma directa
“Mexicanos contra la corrupción”, una asociación sin fines de lucro, reveló que durante el sexenio pasado la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, entregaron 8 de cada 10 contratos de manera directa a personas o empresas, sin realizar las licitaciones necesarias.
La mayor parte de los contratos entregados entre 2018 y 2024, fueron otorgados directamente, generando opacidad y sin llevar a cabo las licitaciones que promuevan “competencia”.
Esto quiere decir que la mayoría de los contratos fueron entregados de forma discrecional, lo que muestra practicas poco transparentes y aumenta la corrupción en México.
Diputados otorgaron 15 contratos diarios; 81% por adjudicación directa y el Senado alcanzó el 90%
De acuerdo con el estudio, la Cámara de Diputados otorgó alrededor de 15 contratos por día por un monto de 6.8 millones de pesos (mdp); el 81% de ellos se dieron de forma directa.
Mientras que en el Senado, la entrega de recursos públicos fue mayor, registrando un aumento del 90%.
¿Qué consecuencias tiene la opacidad en contrataciones en poder legislativo?
Este tipo de “prácticas” puede traer graves consecuencias para la democracia mexicana, pero ¿cuáles son?
- Fomentar la corrupción en México. Al entregar los contratos de esta forma, aumenta el riesgo de corrupción, debilitando la integridad institucional.
- Debilita rendición de cuentas. La falta de información clara y accesible sobre cómo y a quién se asignan los recursos públicos dificulta la supervisión ciudadana; limita capacidad de exigir responsabilidades a servidores públicos.
- Pérdida de la confianza ciudadana. Mexicanos pierden la confianza en las instituciones democráticas y el Estado de derecho.
- Destrucción de valor económico. La deficiencia de procesos de contratación pública, pueden llevar a inversiones improductivas y a la destrucción del patrimonio público.
Además, el entregar contratos sin licitaciones, puede favorecer el clientelismo, así como a uso con fine políticos o electorales, en lugar de responder al interés general.
