Morena y la 4T enfrentan su prueba más severa sobre el discurso de austeridad y autoridad en regiones del país donde el poder político se entrelaza con el crimen organizado.
El claro ejemplo es el del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que lejos de ser sometido a un escrutinio rigurosos por sus vínculos con el narcotráficos y los hechos violentos que sacuden al estado, la estructura del partido gobernante le ha permitido mantener el control del aparato estatal mediante licencias temporales y la imposición de perfiles condicionales en la administración local.
Pero esto no es un hecho aislado, sino la manifestación de una nueva red de intereses donde figuras señaladas por la opinión pública —como la administración de Rocha Moya en Sinaloa o las investigaciones por el tráfico ilegal de combustible que salpican al gobierno de Tamaulipas— operan bajo el cobijo del aparato federal.
La retórica oficial que apela a la conciencia y los principios contrasta con el pragmatismo electoral que tolera candidaturas impresentables, evidenciando que el relevo en el poder nacional no erradicó los vicios de opacidad y voracidad política, sino que los consolidó con una mayor capacidad de resistencia ante la justicia.