Hasta hace unos días, el nombre de Lysette Raquel Lameiro Camacho estaba ligado a la presidencia del Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas (IAP); ahora, su salida del organismo y una investigación sobre sus participaciones empresariales la colocaron en el centro de una controversia que llegó hasta el gobierno de Estados Unidos.
La funcionaria presentó su renuncia irrevocable este jueves 22 de octubre, después de que se difundiera información sobre su presunta participación accionaria en The Woods Bar, un establecimiento de Tijuana incluido entre las empresas sancionadas por autoridades estadounidenses por sus presuntos vínculos con una red relacionada con el Cártel de Sinaloa.
¿Quién es Lysette Raquel Lameiro Camacho?
Lysette Raquel Lameiro Camacho es la ahora ex presidenta del Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas, organismo que encabezaba antes de anunciar su salida.
En su mensaje de despedida, aseguró que su decisión busca evitar que la controversia afecte el funcionamiento de la institución, pero también le permitirá concentrarse en esclarecer los señalamientos y defender su nombre.
“Retirarme de esta responsabilidad institucional no es un acto de claudicación, sino un imperativo de honor”, manifestó.
La exfuncionaria también sostuvo que su compromiso está por encima del puesto que ocupaba. “Mi lealtad no es a este puesto, sino al pueblo chiapaneco y a su destino”, expresó.
Aunque deja la presidencia del IAP, aclaró que no pretende retirarse de la vida pública. Por el contrario, afirmó que continuará su defensa para esclarecer el origen de lo que considera una difamación.
🔴 #Exclusiva La encargada de capacitar a funcionarios públicos de Chiapas es socia de una empresa sancionada por EEUU por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Dos de sus hermanos fueron socios de @MarinadelPilar y su ex esposo Carlos Torres en otra empresa sancionada.🧵 https://t.co/Bd0OMTmhup
— Mexicanos Contra la Corrupción (@MXvsCORRUPCION) October 21, 2026
The Woods Bar, la empresa que puso su nombre bajo la lupa
El origen de la polémica está en una investigación publicada el 21 de octubre por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), una organización dedicada a investigar asuntos relacionados con corrupción e impunidad.
El reportaje, sustentado en documentos del Registro Público de Comercio, señaló que Lameiro Camacho fue socia fundadora de The Woods Bar en noviembre de 2020, con una participación inicial de 13 por ciento.
Según los documentos citados por la organización, para diciembre de 2025 todavía aparecía como accionista. En ese momento, ella y su hermano Juan Manuel mantenían una participación conjunta de 20 por ciento.
La empresa fue sancionada el 29 de septiembre de 2026 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), perteneciente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses señalaron presuntos vínculos del establecimiento con una red relacionada con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la investigación, el principal accionista del bar era Luis Alfonso Torres Torres, quien poseía 70 por ciento de las acciones y fue señalado por autoridades estadounidenses por presuntos sobornos y operaciones de lavado de dinero vinculadas con ese grupo criminal.
El reportaje también identificó coincidencias empresariales entre Lameiro Camacho y personas relacionadas con otras sociedades, entre ellas Desarrolladora Plaza Revolución y Desarrolladora El Sombrero.
Primero negó los señalamientos y después renunció
La controversia escaló el miércoles 21 de octubre, cuando Lameiro Camacho rechazó públicamente cualquier vínculo con actividades criminales y negó ser socia de las empresas con las que, afirmó, se le pretendía relacionar.
“No tengo participación en dichas actividades ni soy socia de las empresas con las que se me pretende vincular. Rechazo categóricamente las acusaciones que me atribuyen vínculos con el crimen organizado”, sostuvo.
Menos de 24 horas después, anunció su renuncia irrevocable al IAP Chiapas.
En su pronunciamiento, atribuyó su salida a lo que calificó como calumnias y difamaciones periodísticas que, según dijo, derivaron en una solicitud para separarla del cargo. Sin embargo, no identificó públicamente quién habría formulado esa petición en el mensaje citado.