El recorte de 6 mil millones de pesos aplicado por la Cámara de Diputados al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) para 2027 pone en riesgo la calidad, cobertura y seguridad de una contienda en la que se disputarán más de 12 mil cargos de elección popular, incluidas 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales, congresos locales y alcaldías.
Ante un padrón masivo y la instalación de casillas en zonas de alto riesgo, esta reducción de recursos se traduce en menos capacitadores en campo, menores medidas de seguridad y una menor capacidad para fiscalizar el dinero ilícito, al tiempo que persiste una marcada desigualdad interna entre las licitaciones millonarias otorgadas durante la gestión de Guadalupe Taddei y las condiciones precarias del personal de módulos de atención, quienes perciben alrededor de 9 mil 500 pesos mensuales, por debajo del salario mínimo.
El país enfrenta un panorama crítico rumbo a los comicios de 2027 debido a un árbitro electoral con capacidad operativa limitada, señalamientos de corrupción y una crisis de confianza ciudadana. En este escenario, se señala directamente a Morena como responsable de debilitar la autonomía del organismo y utilizar el recorte presupuestal para comprometer la imparcialidad de las urnas, por lo que urge garantizar un INE autónomo, fuerte y libre de presiones políticas.