La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó revisar la impugnación del INAI al acuerdo sobre obras de infraestructura, y frenó que el Gobierno de México las catalogue como de interés público o de seguridad nacional “sin cumplir con los parámetros que ley fija”.
Desde el máximo tribunal, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá concedió una suspensión, la cual surte efectos de manera inmediata, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pues éste alegó que el Ejecutivo Federal no tiene atribuciones para catalogar este tipo de obras.
“Es procedente la suspensión para que se suspendan todos los efectos y las consecuencias del acuerdo impugnado que deriven en catalogar la información detallada en éste como de interés público y/o seguridad nacional, sin cumplir con los supuestos que las leyes respectivas prevén para ese efecto, de este proveído”, señala el acuerdo.
Sin embargo, contrario a lo que solicitó el INAI, González Alcántara Carrancá dejó la puerta abierta para la realización de obras y proyectos a cargo de autoridades federales asociados a diversos sectores como comunicaciones, turístico, energético, aeroportuario o vías férreas.
Se niega la suspensión, en los términos precisados en la parte denominada: Apartado segundo. Es improcedente la medida cautelar solicitada para suspender las acciones que se indican en el acuerdo impugnado en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México.
¿Por qué la SCNJ dio entrada para la impugnación del INAI?
El INAI impugnó el viernes 10 de diciembre el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador por el que se instruye a la Administración Pública Federal realizar acciones en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo del país.
La decisión del ministro de la SCJN que dio entrada para que la controversia constitucional del INAI puede ser impugnada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal con el fin de que una de las Salas de la Corte decida si confirma o revoca la suspensión.
Respecto al tema, Juan Manuel Zepeda, presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado, dijo que este acuerdo publicado por el Ejecutivo Federal, peligra el acceso a la información la transparencia, ya que las obras y proyectos son una herramienta para consolidar a la democracia, no una concesión del gobierno.
