La tormenta política en Sinaloa sumó un nuevo capítulo de confrontación en el Poder Legislativo local. Durante la sesión de este martes 25 de agosto, para designar a la nueva gobernadora interina, la dirigencia y bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció formalmente que presentará una denuncia de juicio político en contra del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
La iniciativa, expuesta en tribuna por la legisladora Paola Gárate, busca procesar la responsabilidad política del mandatario para lograr su destitución definitiva del cargo constitucional y su posterior inhabilitación, impidiendo con ello que pueda reincorporarse a las funciones ejecutivas o utilizar la gubernatura como un escudo de fuero ante las investigaciones en curso.
🚨 El PRI pide juicio político contra Rocha Moya
— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 25, 2026
Busca su destitución e inhabilitación para impedir que el narcogobernador regrese al cargo y busque fuero
“Impedir que Rubén Rocha vuelva a tomar el control del gobierno estatal”, plantea @PaolaGarateV pic.twitter.com/L6tM4VCg9V
"El cinismo no tiene límites": El reclamo del PRI en el Congreso
Durante el debate parlamentario, Paola Gárate advirtió que la legislación estatal permite que Rocha Moya conserve la posibilidad jurídica de regresar en cualquier momento, recordando que ya lo intentó tras 112 días de licencia. "Nada nos garantiza que no vuelva a pretender retomar el gobierno como si nada hubiera ocurrido; Sinaloa no puede quedar sujeto a esa incertidumbre", enfatizó.
La congresista subrayó que el juicio político es autónomo de las indagatorias penales y de resoluciones en el extranjero, por lo que el Congreso local no requiere esperar sentencias externas para actuar. Citando precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), puntualizó que la separación temporal no extingue la responsabilidad por actos cometidos durante el encargo, por lo que la denuncia busca devolver certeza jurídica a la entidad y frenar un posible retorno al control estatal.
¿Qué es un juicio político y qué implicaría contra Rubén Rocha Moya?
El juicio político es un procedimiento constitucional y administrativo mediante el cual el Poder Legislativo investiga y sanciona a los servidores públicos que, en el ejercicio de sus funciones, incurren en actos u omisiones que atentan contra el interés público, las instituciones o el correcto desempeño del gobierno. A diferencia de un proceso penal, que persigue delitos e impone penas de cárcel, esta vía evalúa la responsabilidad política y constitucional.
De concretarse el procedimiento contra Rubén Rocha Moya, el Congreso de Sinaloa se constituiría en órgano acusador y resolutor para dictaminar su destitución formal del cargo de gobernador constitucional y decretar su inhabilitación para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público, inhabilitándolo legalmente de cualquier intento de reincorporación o búsqueda de fuero.